El Parlamento de Israel aprobó una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinatos considerados actos de terrorismo, una medida que en la práctica afectaría principalmente a palestinos de Cisjordania.
La ley, impulsada por sectores del Gobierno y respaldada por mayoría parlamentaria, convierte la pena capital en el castigo por defecto para quienes cometan ataques mortales catalogados como terrorismo. Según el texto aprobado, los tribunales militares podrán dictar la sentencia sin necesidad de unanimidad entre los jueces ni de una solicitud previa por parte de la fiscalía. Además, las ejecuciones deberán realizarse en un plazo aproximado de 90 días tras la condena.
La normativa introduce diferencias clave en su aplicación: mientras los palestinos en territorios ocupados son juzgados por tribunales militares —obligados a imponer la pena de muerte salvo excepciones—, los ciudadanos israelíes son procesados en tribunales civiles, donde la cadena perpetua sigue siendo una alternativa.
Otro de los aspectos más polémicos es el método de ejecución, que será el ahorcamiento, una práctica que no se aplicaba en Israel desde hace décadas. El país ha utilizado la pena de muerte en contadas ocasiones a lo largo de su historia y mantenía de facto una moratoria desde 1962.
La aprobación de esta reforma ha generado una fuerte reacción internacional. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos europeos y expertos de Naciones Unidas han denunciado que la ley podría ser discriminatoria y contraria al derecho internacional, al aplicarse de manera desigual según la nacionalidad o el sistema judicial que juzgue a los acusados.
Dentro de Israel también han surgido críticas y recursos legales contra la medida, que aún podría ser revisada por el Tribunal Supremo. Sus detractores advierten que la norma reduce garantías judiciales, endurece el sistema penal y podría agravar las tensiones en el conflicto entre israelíes y palestinos.
