El caso del menor Kevin Arley Acosta Pico, de siete años y diagnosticado con hemofilia A severa, ha generado una fuerte controversia nacional luego de su fallecimiento en Bogotá.
La Nueva EPS emitió un informe técnico explicando los hechos relacionados con la atención médica brindada al niño y las razones por las cuales su tratamiento pudo haberse visto afectado. Según la entidad, la última dosis certificada del medicamento que requería el menor fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, conforme al esquema mensual establecido, y la próxima aplicación estaba programada para enero de 2026.
La EPS sostuvo que durante el proceso de portabilidad de la afiliación, solicitado por la madre al cambiar de municipio, se gestionó la continuidad del tratamiento con otra IPS, aunque admitió que hubo retrasos en la administración del medicamento.
Por su parte, la familia y organizaciones de salud han denunciado que Kevin llevaba semanas sin recibir el medicamento vital y que esa falta de tratamiento fue determinante en el desenlace fatal, agravado por un accidente que sufrió mientras montaba bicicleta, que desencadenó una hemorragia interna grave.
El caso ha desatado críticas al sistema de salud colombiano, con diversos sectores pidiendo aclaraciones y responsabilización, mientras que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar si hubo responsabilidad penal de la EPS en el caso.
El pronunciamiento de la Nueva EPS se produce en medio de un debate público sobre el acceso oportuno a tratamientos para enfermedades raras y la eficiencia de las entidades prestadoras de salud en Colombia.
