No cesa la polémica por el decreto de la emergencia económica por parte del Gobierno Nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, al conocerse que 20 de los 32 gobernadores del país, se declararon en rebeldía en torno a esa medida que quiere sacar adelante, la administración central.
Los mandatarios han sido claros: la autonomía de las regiones no se negocia y la billetera de los departamentos se defiende con todo.
Máxima tensión
La tensión alcanzó su punto máximo durante la cumbre de gobernadores en Bogotá. Lo que el Gobierno Nacional presenta como una herramienta urgente para conseguir recursos destinados a la salud y al pago de deudas, los mandatarios regionales lo perciben como un golpe directo a su independencia financiera.
Enorme indignación
La indignación es tal que incluso figuras tradicionalmente cercanas al proyecto de Petro, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se unieron al bloque de mandatarios que exigen respeto por los recursos de sus territorios.
Para frenar lo que consideran un claro abuso de poder, los gobernadores diseñaron una hoja de ruta que combina la presión judicial con la resistencia administrativa. El primer frente de esta batalla será una “tutelatón” masiva.
Cada mandatario interpondrá una acción de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes.
¿Ignorarán el decreto?
El segundo camino, quizás el más polémico, es el de la no aplicabilidad. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia, varios departamentos evalúan aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” para ignorar el decreto, especialmente en lo que respecta al impuesto al consumo, como el de los licores y cigarrillos.
Finalmente, el tercer pilar de esta estrategia consiste en una delegación de gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño para pedirle a la Corte Constitucional ser escuchados formalmente para explicar por qué estas medidas “asfixian” financieramente a las regiones.
Líder de la rebelión
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido el vocero más contundente de esta rebelión. Rendón sostiene que la “urgencia” del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, subrayó que se está construyendo un documento jurídico para que los gobernadores no apliquen el decreto en cada una de sus regiones, de acuerdo con sus particularidades., y hasta tanto no haya concepto de la Corte.
La Gobernadora del Tolima, Adriana Magali, Matiz señaló que la Excepción de inconstitucionalidad, la instauración de tutelas y la intervención jurídica ante la Corte, deben ser los caminos a seguir, para enfrentar el anuncio del Gobierno Nacional sobre la Emergencia Económica.
Entre tanto, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, afirmó que existe “una desarticulación catastrófica” entre el Gobierno y las regiones. Según ella, el decreto es “violatorio” del orden constitucional.
Reacción oficial
El ministro del Interior, Armando Benedetti le advirtió a los gobernadores que no pueden dejar de aplicar el decreto de la emergencia económica.
Según el ministro, esta posición de los gobernadores es un “mal ejemplo” y una usurpación de funciones de la Corte Constitucional.
“La Corte Constitucional es quien tiene esa función, si ellos dicen que no se acata la ley están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, advirtió Benedetti.
Además, aseguró el jefe de cartera política que los gobernadores se están arriesgando a que sean denunciados penalmente por prevaricato al no obedecer a la ley.
“También podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo” agregó.
