Arturo José Montejo, exalcalde./foto: archivo particular.
El exalcalde de Tunja Arturo José Montejo mantiene un proceso de cobro coactivo ante la Contraloría Municipal por obligaciones que, en conjunto, ascienden a $446.221.056, según información presentada por funcionarios del organismo de control ante el Concejo Municipal.
Investigación
La deuda corresponde a decisiones administrativas sancionatorias y procesos de responsabilidad fiscal originados en actuaciones de los años 2013, 2016 y 2017. De acuerdo con la entidad, las decisiones se encuentran en firme y, por tanto, las obligaciones continúan registradas dentro de los procesos de cobro.
La jefe jurídica de la Contraloría Municipal, Carolina Rodríguez, explicó que las gestiones adelantadas para recuperar los recursos no han permitido identificar bienes o activos suficientes a nombre del exmandatario y de otros responsables vinculados a los expedientes.
Esta situación ha limitado la posibilidad de aplicar medidas cautelares para garantizar el pago de las obligaciones. Según la funcionaria, la entidad realiza periódicamente consultas en diferentes bases de información, entre ellas la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Secretaría de Tránsito y el Registro Único Empresarial y Social. El propósito es establecer si existen inmuebles, vehículos, establecimientos comerciales u otros bienes que puedan ser objeto de embargo. La Contraloría señaló que, aunque han transcurrido los términos relacionados con la prescripción de algunas actuaciones, los procesos de cobro permanecen abiertos.
La entidad sostiene que mantiene las labores de búsqueda patrimonial atendiendo recomendaciones de la Auditoría General de la República, especialmente por el monto de los recursos involucrados. El contralor municipal de Tunja, Félix Ramírez, manifestó que la situación patrimonial reportada por los procesados ha dificultado la recuperación efectiva de los recursos públicos. Indicó además que las actuaciones administrativas correspondientes ya fueron agotadas y que el saldo continuará registrado mientras no se encuentren bienes susceptibles de medidas cautelares.
El caso evidencia una dificultad recurrente en los procesos de responsabilidad fiscal: la existencia de decisiones en firme no garantiza, por sí sola, que los recursos sean efectivamente recuperados. En este caso, más de una década después de los hechos que dieron origen a las obligaciones, la Contraloría aún no ha logrado materializar el recaudo de los $446 millones. Hasta que se identifiquen bienes o recursos embargables, la obligación continuará figurando en los registros de cobro del organismo de control.
