La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su sexto informe ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en el que advirtió tres alertas clave de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026: la falta de definición sobre la personería del Pacto Histórico y el alcance jurídico de las consultas del 26 de octubre; los riesgos de violencia política que persisten, principalmente en zonas rurales y territorios CITREP; y las debilidades en la transparencia de la financiación previo al inicio de las campañas electorales de Presidencia.
En la Comisión de Seguimiento, la MOE invitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a pronunciarse con celeridad sobre los procesos sancionatorios en curso relacionados con los partidos que solicitaron su fusión bajo la figura del Pacto Histórico, y a precisar el alcance jurídico de la consulta del 26 de octubre de 2025.
La organización subrayó que estas definiciones son esenciales para dar certeza sobre las reglas de participación, la conformación de listas al Congreso y la eventual concurrencia a consultas interpartidistas para la Presidencia de 2026. “Resolver con urgencia las incertidumbres respecto de la participación del Pacto Histórico y los alcances de la consulta es un requisito esencial para la certeza democrática, tanto para los ciudadanos, como de los actores políticos que participarán en las elecciones”, afirmó Frey Muñoz, subdirector de la MOE.
En materia de seguridad y violencia política, entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, la organización registró 222 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. De estos, 136 fueron dirigidos contra liderazgos políticos, concentrando de esta manera el 61% de las agresiones. Además, la MOE destacó como hecho preocupante el registro de seis casos de secuestro contra líderes políticos.
Asimismo, persiste una alta concentración territorial de la violencia en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá D.C., que reúnen el 49,1% del total de hechos. “Nos preocupa el deterioro de la seguridad en zonas rurales del país. Es fundamental acelerar la implementación territorial del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y fortalecer medidas de protección con enfoque diferencial”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.
Finalmente, la organización advirtió vacíos en la rendición de cuentas, problemas en la temporalidad de los actos de campaña y en la transparencia de la financiación política. “Al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras, destinado al registro de ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos, continuaba sin habilitarse, lo que impide verificar el uso y la trazabilidad de los recursos empleados durante la recolección de firmas”, señala el informe de la organización de observación electoral presentado en la Comisión.
La MOE también señaló en el documento la realización extemporánea de actos de proselitismo y difusión de propaganda electoral por parte de aspirantes a la Presidencia. Evidencia de lo anterior es la identificación, a partir de la Biblioteca de Anuncios de Meta, de 42 cuentas activas de precandidaturas a la Presidencia con un gasto acumulado de $799.040.985 COP en publicidad digital entre marzo y octubre de 2025, sin información disponible sobre el origen de los recursos ni reportes ante la autoridad electoral. “Garantizar el acceso público a la información financiera y la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”, concluyó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la organización.