Mipymes alerta: aumento del 23,7% del salario mínimo amenaza con generar desempleo y cierre de negocios

Este domingo 1 de febrero, el debate sobre las consecuencias económicas del incremento histórico del salario mínimo para 2026 continúa generando alarma en el sector empresarial colombiano, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que representan el 99% del tejido empresarial nacional y que emplean a la gran mayoría de trabajadores que devengan el salario mínimo.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) calificó la medida como «una gran sorpresa para la mesa de concertación de políticas salariales y laborales», en especial, porque está desconectada de los principales indicadores macroeconómicos que históricamente guiaron la fijación del salario mínimo.

Para entender la magnitud de la decisión, basta desglosar las cifras: la inflación acumulada a noviembre de 2025 fue del 5,3%, la productividad total de los factores creció apenas 0,91%, y el crecimiento económico esperado para el cierre de ese año es del 2,9%. Desde este panorama, el gremio resaltó que el incremento decretado «equivale a 4,6 veces la inflación de 2025, 5,9 veces la inflación proyectada y 8,1 veces el crecimiento del PIB».

«Tendrá costos inmensos para muchas personas más, especialmente los más de 11,3 millones de trabajadores informales que tienen ingresos inferiores al salario mínimo», precisó en el informe denominado «Balance 2025, Perspectivas 2026». Según la asociación, para ellos no habrá mejora salarial, pero sí enfrentarán un «gran aumento en el costo de los componentes de la canasta esencial», lo que puede traducirse en un empobrecimiento generalizado derivado de las presiones inflacionarias.

El incremento del salario mínimo llega en medio de una tormenta en las finanzas públicas. El Gobierno Petro declaró la Emergencia Económica y estableció nuevos impuestos por más de $16 billones, al tiempo que la deuda pública aumentó en $370 billones en los últimos tres años.

Las centrales obreras, por su parte, defienden el incremento señalando que constituye un acto de justicia social y que no existe evidencia técnica sólida de que los aumentos del salario mínimo generen destrucción de empleo. El debate entre ambas posiciones continuará dominando la agenda económica y política durante las próximas semanas.

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