El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes 5 de enero de 2026 que interpondrá denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jota Pe Hernández y la representante Lina María Garrido. El jefe de la cartera ministerial acusa a los legisladores de promover conductas que atentan contra la estabilidad institucional, tales como el llamado a invasiones y la incitación a hostilidades. Por esta razón, el Gobierno Nacional busca que el alto tribunal investigue si las recientes declaraciones y publicaciones de estos congresistas constituyen delitos que afectan la seguridad nacional. Asimismo, Sanguino enfatizó que la inmunidad parlamentaria no faculta a los servidores públicos para incentivar acciones que pongan en riesgo la paz del territorio colombiano.
Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
La denuncia no se limita únicamente a los dos congresistas mencionados, pues el Ministro señaló que incluirá a otros actores políticos que supuestamente promueven la afectación de la soberanía nacional. Debido a esto, el equipo jurídico del Ministerio de Trabajo recolecta evidencias digitales y testimonios sobre discursos que, según el Ejecutivo, invitan a potencias extranjeras o grupos armados a intervenir en asuntos internos de Colombia. En este sentido, Antonio Sanguino defiende la tesis de que el país enfrenta una campaña de desestabilización coordinada desde sectores de la oposición. Por tal motivo, el Gobierno intensifica su ofensiva legal para frenar lo que califica como una afrenta directa a la integridad territorial del Estado.
MinTrabajo Denunciará a Congresistas ante la Corte Suprema
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Contexto de la Crisis y Debates en la Red
Al investigar la información que se centra en internet sobre esta confrontación, se constata que la captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha exacerbado las posturas radicales en el Congreso colombiano. Los portales de noticias destacan que Jota Pe Hernández ha mantenido una posición crítica frente al manejo fronterizo, lo cual el oficialismo interpreta como una promoción de la hostilidad internacional. Además, la conversación digital en redes sociales muestra una división profunda; mientras unos usuarios respaldan la vigilancia judicial a los discursos de odio, otros denuncian una presunta persecución política contra las voces disidentes. Por consiguiente, la etiqueta #CensuraOJusticia lidera las tendencias de búsqueda, reflejando el clima de polarización que atraviesa el país tras los recientes eventos regionales.
Reacciones de los Congresistas Implicados
Tras conocerse la intención del Ministro, el senador Jota Pe Hernández respondió a través de sus canales oficiales asegurando que sus críticas se enmarcan en el control político y la libre expresión. De igual modo, la representante Lina María Garrido calificó la denuncia como una «cortina de humo» para desviar la atención de los problemas laborales y económicos que aquejan a la nación en este inicio de 2026. Por otra parte, sectores independientes del Congreso piden mesura a ambas partes para evitar que la rama judicial termine siendo utilizada como un escenario de batalla partidista. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar si las pruebas aportadas por Sanguino tienen el peso suficiente para abrir una indagación preliminar contra los aforados.
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Futuro Judicial y Estabilidad Institucional
El choque entre el Ministerio de Trabajo y el legislativo marca un punto de inflexión en las relaciones entre los poderes del Estado para el presente año. Por tal razón, el resultado de estas denuncias determinará los límites del discurso político en situaciones de crisis internacional y seguridad fronteriza. De igual modo, el Gobierno Nacional reafirma su postura de cero tolerancia ante cualquier mensaje que sugiera la entrega de la soberanía colombiana a intereses externos. Así las cosas, la ciudadanía permanece atenta al radicado oficial de estas demandas, las cuales prometen una batalla jurídica de largo aliento en los tribunales más importantes del país durante los próximos meses.