El jefe de la cartera laboral aseguró que, pese a la decisión judicial, el aumento salarial continúa aplicándose mientras se expide un nuevo decreto conforme a la ley.
El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, se refirió a la reciente decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026, aclarando que, en la práctica, el incremento continúa vigente de manera temporal.
De acuerdo con el funcionario, la determinación del alto tribunal no implica una reversión inmediata del aumento salarial, sino que hace parte de un proceso jurídico en el que el Gobierno debe ajustar el acto administrativo conforme a los criterios exigidos por la ley.
El aumento sigue aplicándose
Sanguino explicó que, mientras no se expida un nuevo decreto, el valor del salario mínimo decretado inicialmente se mantiene, lo que brinda cierta estabilidad a millones de trabajadores en el país.
Esta interpretación coincide con lo establecido tras la decisión judicial, que ordenó la suspensión provisional del decreto original, pero permitió que sus efectos continúen mientras se emite una nueva normativa que cumpla con los requisitos técnicos y legales.
El origen de la controversia
El decreto del Gobierno nacional establecía un aumento cercano al 23% en el salario mínimo para 2026, una cifra que generó amplio debate en distintos sectores económicos y políticos.
Sin embargo, el Consejo de Estado decidió suspenderlo de manera provisional al considerar que no estaba suficientemente sustentado en variables técnicas como inflación, productividad y crecimiento económico, exigidas por la normativa vigente.
La medida judicial obligó al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto en un plazo determinado, incorporando los criterios legales que garanticen la validez del ajuste salarial.
Postura del Gobierno
Desde el Ministerio de Trabajo se ha insistido en que el incremento salarial responde a estudios técnicos y busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto económico complejo.
El ministro también ha advertido que la decisión del Consejo de Estado ha generado incertidumbre, pero reiteró que el Gobierno defenderá el aumento como un derecho adquirido para millones de colombianos.
Un debate que sigue abierto
La suspensión del decreto no resuelve de fondo la discusión jurídica, ya que el Consejo de Estado aún deberá tomar una decisión definitiva sobre su legalidad.
Mientras tanto, el país continúa en medio de un debate entre sectores que respaldan el incremento por su impacto social y otros que cuestionan su sostenibilidad económica.
