El Ministerio de Agricultura de Colombia rechazó de manera contundente las denuncias sobre actos de violencia, amenazas y presiones contra comunidades campesinas de Puerto López (Meta) y Campamento (Antioquia). Según las denuncias, un grupo armado intimidó a los campesinos y les exigió abandonar las tierras que habían recibido mediante la reforma agraria, proceso que hace parte del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.
La situación fue dada a conocer por un medio de comunicación local, que publicó fotografías de cinco personas que habrían sido golpeadas y torturadas por integrantes de un grupo armado. De acuerdo con los testimonios, los agresores buscaban obligar a las víctimas a desalojar los predios que les fueron entregados legalmente como parte de la política de redistribución de tierras impulsada por el Gobierno.
Frente a estos hechos, el Ministerio de Agricultura expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las comunidades rurales y aseguró que los beneficiarios de la reforma agraria cuentan con herramientas jurídicas que respaldan la legalidad de la propiedad de sus tierras. La entidad destacó que los procesos de adjudicación han sido realizados con las garantías necesarias para proteger los derechos de los campesinos y brindarles seguridad sobre la tenencia de los predios.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que el Gobierno ha tomado medidas para que las decisiones relacionadas con la entrega de tierras estén debidamente protegidas desde el punto de vista legal. Además, anunció que se convocarán los Comités de la Reforma Agraria y se trabajará de manera conjunta con las autoridades para implementar medidas de protección dirigidas a las familias beneficiarias. La ministra enfatizó que no se permitirá que las amenazas, el miedo o la violencia obliguen a los campesinos a abandonar los territorios que les pertenecen legítimamente.
Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a las autoridades nacionales, a la comunidad internacional y a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para que activen los mecanismos de protección y acompañamiento a las comunidades rurales afectadas por las amenazas. También reiteró la importancia de garantizar el respeto por los derechos de los campesinos y de cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz, con el fin de fortalecer la seguridad, la permanencia en el territorio y la implementación de la reforma agraria en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
