Desde 2019 avanza el proceso mediante el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumple una orden del Tribunal Administrativo de Boyacá para la delimitación del páramo de Pisba, ubicado entre Boyacá y Casanare, entre los 3.100 y 4.100 metros sobre el nivel del mar.
Tras las fases de convocatoria, información y consulta, el procedimiento se encuentra actualmente en etapa de concertación con comunidades, autoridades locales y entidades nacionales, con el fin de definir una delimitación participativa del ecosistema y garantizar su protección como área estratégica.
No obstante, en municipios como Jericó persisten preocupaciones por los posibles efectos de la actualización catastral asociada al proceso. Habitantes temen un incremento significativo del impuesto predial y que la falta de títulos formales derive en que el Estado catalogue algunos predios como baldíos.
La veedora ciudadana Luz Duarte advirtió que en otros territorios estos ajustes han generado cargas tributarias difíciles de asumir para las economías rurales, lo que ha encendido las alertas entre campesinos del área de influencia del páramo.
Ante este escenario, se solicitó acompañamiento de la Gobernación, autoridades ambientales y la Agencia Nacional de Tierras. Desde la entidad se indicó, de manera extraoficial, que la actualización catastral no es de su competencia, aunque manifestaron disposición para apoyar procesos de formalización de tierras.
El debate continúa entre la protección ambiental del páramo de Pisba y las garantías jurídicas y económicas para las comunidades campesinas que habitan el territorio.
