En las últimas horas el ministro de Defensa, Iván Velázquez anunció que ordenó la suspensión de los bombardeos en Colombia y los operativos de este tipo en campamentos de grupos armados ilegales cuando se presuma que en ellos hay menores de edad. Pese a que apenas se oficializa esta medida, en la práctica las fuerzas militares ya habían frenado las operaciones beta.
“Los menores reclutados por organizaciones ilegales son víctimas, por lo tanto toda acción militar no puede poner en peligro. Hay que privilegiar la vida sobre la muerte, no se pueden desarrollar operaciones que pongan en peligro la vida de la población civil y de estos menores. Los bombardeos deben ser suspendidos”, manifestó Velásquez.
Último antecedente
El último bombardeo de las fuerzas militares en el país ocurrió en julio pasado en San Vicente de Caguán, en Caquetá, en contra de un campamento del jefe de las disidencias Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, en el que fallecieron nueve presuntos disidentes.
En ese sentido se recuerda que, aunque las autoridades manifestaron que el cabecilla había muerto allí, semanas después apareció en un video, por lo que no hay certeza de su muerte.
Importante gesto
Este es el segundo gran gesto del gobierno Petro en el marco de su propuesta de “paz total” con los grupos criminales. En efecto, a finales de la semana anterior, Petro anunció, desde Bolívar, la suspensión de las órdenes de captura y extradición al grupo de negociadores del Eln que encabezó las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos y los infructuosos diálogos con Iván Duque.
Buena estrategia
Así que la suspensión de los bombardeos cobra un sentido estratégico, pues la propuesta de Petro es que quienes estarán en la mesa de diálogo entre su gobierno y la guerrilla del Eln, entre ellos su jefe negociador alias Pablo Beltrán, puedan regresar al país y reunirse con las bases del grupo armado.
El Pacto Histórico ha sido la fuerza política más crítica de los bombardeos. De hecho, llevaron a debates de moción de censura en el Congreso a los tres ministros de Defensa del gobierno Duque: Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano, con sendas denuncias documentadas sobre la muerte de menores de edad en operaciones militares contra grupos armados ilegales, lo que reavivó en el país una extensa discusión sobre el reclutamiento forzado.