La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la política de focalización del crédito de fomento agropecuario y del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), al tiempo que anunció que el Ministerio de Agricultura pondrá en conocimiento de las autoridades competentes la información conocida recientemente sobre una posible destinación indebida de recursos públicos en un caso que involucra a Juan José Lafaurie Cabal. La decisión busca que los organismos de control y la justicia investiguen si se presentaron irregularidades en el acceso a estos instrumentos diseñados para apoyar a pequeños y medianos productores rurales.
El pronunciamiento de la ministra se produjo tras la publicación de la columna “Agro ingreso Cabal”, del periodista Daniel Coronell, en la que se expusieron detalles sobre una operación crediticia tramitada bajo la categoría de “pequeño productor”, que habría incluido un crédito de fomento, un incentivo económico ligado a Finagro y una garantía estatal a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), gestionada por una entidad financiera privada. Según el relato periodístico, el caso plantea dudas sobre el cumplimiento de los criterios de focalización establecidos para este tipo de beneficios.
Carvajalino contextualizó el episodio dentro de un debate histórico sobre el uso de los instrumentos de apoyo al sector agropecuario. Señaló que durante años, recursos y subsidios concebidos para el campesinado terminaron concentrándose en manos de grandes propietarios, una distorsión que se normalizó en el país y que profundizó las brechas en el campo. En ese sentido, sostuvo que el actual Gobierno tiene la obligación de corregir ese modelo y evitar que la focalización de los recursos se eluda mediante esquemas diseñados para inducir al error al sistema financiero y a las entidades encargadas de la asignación de los apoyos.
La ministra explicó que el Gobierno ha venido reordenando los instrumentos de financiamiento rural con base en mandatos constitucionales, en particular los relacionados con la garantía de los derechos del campesinado y la protección de la soberanía y seguridad alimentaria. Destacó que, a través de las resoluciones 5 y 6 de 2025 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, se fortaleció la focalización del crédito hacia la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria, y se reforzaron los mecanismos de control, verificación y trazabilidad de los recursos públicos.
En relación con el Incentivo a la Capitalización Rural, Carvajalino recordó que se trata de un apoyo estatal asociado al crédito de fomento, destinado a impulsar inversiones productivas como maquinaria, infraestructura y mejoras en la productividad. Precisó que, dado que los recursos son limitados, el ICR se prioriza para pequeños y medianos productores, y advirtió que la simulación de condiciones o el suministro de información falsa para acceder a estos beneficios constituye un fraude contra el Estado y contra los campesinos que cumplen con los requisitos.
La ministra también enfatizó que la responsabilidad en el uso adecuado de estos instrumentos no recae únicamente en quienes solicitan los recursos. Según explicó, el sistema involucra a la banca de fomento, a las entidades financieras de primer nivel, a los estructuradores de proyectos y a otros actores que participan en el circuito de asignación y control, todos ellos con obligaciones claras frente a la correcta destinación de los recursos públicos.
Sobre el caso específico de Juan José Lafaurie Cabal, la información conocida indica que habría accedido a un crédito de redescuento por 400 millones de pesos, con una garantía del 80 % otorgada por el FAG y un posterior abono al saldo del crédito a través del ICR, tras acreditarse como pequeño productor. La denuncia periodística también planteó interrogantes sobre el contexto institucional de Finagro y la participación histórica de José Félix Lafaurie en su junta directiva, un aspecto que ha sido defendido públicamente por el dirigente gremial, quien ha sostenido que la junta no aprueba operaciones individuales.
El caso tomó mayor relevancia tras el pronunciamiento público de Juan José Lafaurie Cabal, quien negó los señalamientos y anunció acciones legales. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura informó que solicitó a Finagro analizar si los hechos descritos corresponden a un caso aislado o si podrían evidenciar una práctica sistemática orientada a estructurar proyectos para inducir al error al sistema de financiamiento agropecuario. La información disponible será remitida a las autoridades para que se determinen posibles responsabilidades.
Finalmente, el Ministerio advirtió que cualquier desviación de recursos públicos destinados a la agricultura campesina afecta gravemente la confianza en el crédito rural, profundiza las desigualdades en el campo y debilita los esfuerzos por una mayor productividad, equidad y paz territorial. El desenlace del caso dependerá de las conclusiones a las que lleguen los organismos de control y la justicia tras las investigaciones correspondientes.