Auditoría detectó presuntas irregularidades por más de $2.700 millones.
La Contraloría Municipal de Tunja reveló los resultados de la auditoría financiera y de gestión realizada a la administración municipal correspondiente a la vigencia 2025, en la que identificó presuntas irregularidades que habrían generado un detrimento patrimonial superior a los 2.796 millones de pesos.
Según el informe, el ente de control emitió un fenecimiento de cuenta con salvedades y estableció 34 hallazgos administrativos. De estos, seis tendrían presunta incidencia fiscal, trece disciplinaria y uno penal.
Además, se detectaron inconsistencias contables por más de 13.248 millones de pesos relacionadas con cuentas por cobrar y recaudos sin identificar plenamente.
La observación de mayor impacto corresponde al contrato 428 de 2022, destinado a la construcción de cubiertas en escenarios deportivos de los barrios Libertador y San Francisco.
La auditoría concluyó que las estructuras no cumplen adecuadamente con la finalidad para la que fueron construidas, ya que permiten el ingreso de agua lluvia a las canchas, afectando su uso y acelerando el deterioro de los materiales. Por esta situación se determinó un presunto detrimento de 2.648 millones de pesos.
Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con el contrato suscrito en 2025 para el mantenimiento de la malla vial urbana mediante un convenio interadministrativo con Tierrasua S.A.S. La Contraloría encontró deficiencias en la planeación, ausencia de estudios técnicos y posibles irregularidades en la modalidad de contratación.
Además, durante las inspecciones se evidenciaron deterioros prematuros y fallas en varios de los tramos intervenidos. La auditoría también reportó problemas de calidad en la construcción de salones comunales, compra de bienes sin la debida justificación técnica, deficiencias en procesos de cobro del impuesto predial y presuntas falencias en la administración de recursos públicos.
Adicionalmente, el organismo de control alertó sobre la acumulación de recursos sin ejecutar y la constitución de reservas presupuestales por más de 28.900 millones de pesos, situación que evidenciaría dificultades en la planeación y ejecución del gasto público. Los hallazgos fueron trasladados a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones y determinen las eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales a que haya lugar.
