La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial por
$5.813 millones en la Electrificadora del Meta (EMSA), como resultado de una auditoría
financiera realizada durante el primer semestre de 2026. El organismo de control concluyó
que la empresa habría comprometido recursos públicos mediante el pago de millonarias
sanciones originadas por deficiencias técnicas, administrativas y de gestión en la prestación
del servicio de energía eléctrica.
La decisión hace parte de una auditoría practicada a varias empresas del sector eléctrico en
los departamentos de Meta, Huila y Nariño, en la que se determinaron hallazgos fiscales por
un total de $14.511 millones. De ese monto, más del 40 % corresponde a la Electrificadora
del Meta, cuyos presuntos incumplimientos derivaron en sanciones que, según la
Contraloría, representaron pagos improductivos que afectaron el patrimonio de la empresa.
Infraestructura
De acuerdo con el informe, uno de los principales hallazgos está relacionado con una
sanción por $2.926 millones, impuesta por incumplimientos en proyectos de infraestructura
eléctrica desarrollados en los sectores de Santa Helena y Catama. La Contraloría señaló
que durante la ejecución de las obras de expansión del Sistema de Transmisión Regional se
presentaron fallas técnicas y administrativas, así como deficiencias en la supervisión y
control de los proyectos.
El organismo de control concluyó que estas irregularidades ocasionaron retrasos e
incumplimientos contractuales que terminaron generando sanciones económicas asumidas
por la empresa, situación que constituye un presunto detrimento patrimonial al tratarse de
recursos que pudieron evitarse con una adecuada gestión administrativa y técnica.
Sanciones
A este hallazgo se suma una multa por $2.562 millones, impuesta por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a incumplimientos en las normas que regulan la
prestación del servicio de energía y por la falta de una gestión oportuna para atender sus
obligaciones.
Según la Contraloría, estas sanciones evidencian fallas en la administración de la empresa
que derivaron en pagos sin beneficio para la entidad, afectando directamente sus recursos.
En ese sentido, el ente de control advirtió que corresponde a EMSA responder dentro del
proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta para establecer la existencia del daño
patrimonial y los posibles responsables.
La auditoría también dejó resultados en otras empresas del sector. En la Electrificadora del
Huila se configuró un hallazgo fiscal por $7.274 millones, relacionado con sanciones
derivadas de prácticas anticompetitivas y deficiencias en la prestación del servicio entre
2020 y 2021. Por su parte, en Centrales Eléctricas de Nariño se estableció un hallazgo por
$1.424 millones, asociado a cobros de consumo mediante métodos no autorizados durante
la pandemia y a contratos que no fueron ejecutados.
