Nuevamente, la gestión de Felipe Harman al frente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quedó bajo la lupa de los organismos de control, esta vez por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de millonarios recursos destinados a la adquisición de predios para víctimas del conflicto armado.
El caso
Un informe de la Contraloría General de la República, conocido por el periódico El Tiempo, reveló que la ANT giró $679.257 millones, equivalentes al 95,67 % de los recursos previstos en dos contratos interadministrativos que sumaban cerca de $710.000 millones. Sin embargo, el organismo de control estableció que solo se logró acreditar la transferencia real de dominio sobre predios por $308.781 millones, correspondientes al 45,46 % de lo desembolsado.
La diferencia identificada entre los recursos girados y los valores respaldados mediante actos de transferencia de dominio asciende a $370.487 millones, situación que llevó a la Contraloría a mantener abiertas las actuaciones fiscal y disciplinaria.
Los contratos ANT-202413098, por aproximadamente $410.000 millones, y ANT-20245680, por cerca de $300.000 millones, fueron suscritos entre la ANT y la Unidad para las Víctimas con el propósito de adquirir predios rurales destinados al Fondo de Tierras.
Según el informe, las operaciones se realizaron durante 2024, cuando Harman se encontraba al frente de la ANT. Los resultados de la actuación fiscal fueron comunicados al entonces director.
En una respuesta entregada a El Tiempo el 27 de julio de 2026, bajo la dirección saliente de Harman, la ANT pidió que las alertas fueran desestimadas. La entidad sostuvo que los contratos no correspondían a compraventas inmediatas, sino a mecanismos de articulación que contemplaban diferentes etapas, entre ellas la viabilidad de los predios, avalúos, saneamiento e incorporación al Fondo de Tierras.
Denuncia
La Agencia también señaló que 184 predios ya habían sido entregados provisionalmente para su aprovechamiento y defendió el modelo utilizado para generar recursos a favor del Fondo de Reparación para las Víctimas.
No obstante, los auditores rechazaron estos argumentos al considerar que la entrega material de un inmueble no reemplaza la transferencia legal del derecho de dominio.
