La Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron el jueves 20 de agosto un amplio dispositivo en la playa del Trampolín, en Ceuta, para desalojar el asentamiento improvisado que se había formado allí después de la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
La intervención comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana y contó con efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, además de unidades de la Policía Nacional. El objetivo inmediato era sacar de la playa a las personas que permanecían allí en condiciones precarias y trasladarlas a nuevos espacios temporales de acogida habilitados por las autoridades.
La operación se desarrolló inicialmente sin incidentes graves y estuvo acompañada por trabajadores de organizaciones humanitarias encargadas de explicar a los migrantes el funcionamiento de los nuevos centros. Las autoridades insistieron en que el traslado tenía carácter humanitario y que no suponía, por sí mismo, una devolución a Marruecos.
Un asentamiento que llegó a concentrar a miles de personas
La dimensión del asentamiento del Trampolín ha sido difícil de establecer con una cifra única debido al constante movimiento de personas entre distintos puntos de Ceuta.
Durante las últimas semanas se manejaron estimaciones diferentes. La Agencia EFE informó el 10 de agosto de unas 1.500 personas que utilizaban la playa como lugar de residencia improvisada, mientras que organizaciones humanitarias llegaron a atender a cerca de 4.000 personas en una jornada de reparto de alimentos. Esto no significa que las 4.000 personas pernoctaran simultáneamente en la playa.
En los días inmediatamente anteriores al desalojo, medios locales y nacionales situaron en varios miles el número de personas concentradas en la zona. El País calculó que podían ser alrededor de 3.500, mientras otras fuentes locales hablaban de unas 4.000. La diferencia responde, entre otros factores, a que muchos migrantes se desplazaban entre el Trampolín, las zonas próximas al CETI, Loma Colmenar y otros puntos de la ciudad.
Por esta razón, hablar de un asentamiento de «más de 4.000 personas» requiere una precisión: esa cifra fue utilizada para describir la magnitud de la población atendida o concentrada en el entorno, pero no existe un registro oficial que demuestre que más de 4.000 personas residieran permanentemente al mismo tiempo en la playa.
El origen de la crisis: la llegada masiva de finales de julio
La situación comenzó después de la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.
Según EFE, alrededor de 72.000 personas participaron en los intentos de entrada a nado registrados el 30 de julio, aunque la inmensa mayoría terminó regresando a Marruecos. El Gobierno español también ha señalado posteriormente que la práctica totalidad de quienes entraron irregularmente en aquella crisis ya había retornado al país vecino.
Sin embargo, miles de personas permanecieron en Ceuta. La saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hizo que una parte de ellas terminara viviendo en calles, zonas boscosas y espacios abiertos de la ciudad.
La playa del Trampolín se convirtió entonces en uno de los principales puntos de concentración.
Chabolas improvisadas y condiciones precarias
Durante las semanas de ocupación, los migrantes construyeron refugios utilizando cañas, ramas, cartón, plásticos, telas y otros materiales disponibles.
Las imágenes difundidas desde la zona mostraron pequeñas estructuras improvisadas utilizadas para dormir, almacenar pertenencias y protegerse del sol. También se observaron zonas destinadas a cocinar y espacios comunes creados por los propios ocupantes.
La precariedad generó problemas de higiene y salubridad. La acumulación de residuos, restos de comida, materiales de construcción improvisados y la ausencia inicial de suficientes instalaciones sanitarias hicieron que el asentamiento se convirtiera en uno de los principales focos de preocupación de las autoridades locales.
Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias comenzaron a proporcionar alimentos, agua, atención médica y otros servicios básicos. La Cruz Roja, junto con otras entidades, mantuvo durante semanas un dispositivo de asistencia en el litoral.
Un problema sanitario además de migratorio
La crisis no se limitó al control migratorio.
Las autoridades sanitarias tuvieron que reforzar sus recursos ante el aumento de personas que necesitaban atención. Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) contabilizó 5.801 asistencias, a las que se sumaron más de 2.500 atenciones realizadas por el dispositivo de refuerzo de Cruz Roja en la playa del Trampolín.
El mayor pico de presión sanitaria se produjo el 31 de julio, cuando se registraron 1.149 asistencias en un solo día.
La situación llevó a las administraciones y organizaciones sociales a reclamar espacios de alojamiento que permitieran sacar a las personas de la calle y reducir la presión sobre los servicios públicos.
El Gobierno habilitó nuevos espacios de acogida
Ante la saturación de los recursos existentes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció la creación de nuevos dispositivos temporales y extraordinarios.
El Gobierno comunicó el 17 de agosto la habilitación de cuatro emplazamientos: el aparcamiento del Embolsamiento de Loma Colmenar, las instalaciones de La Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano.
Para el desalojo del Trampolín se utilizaron principalmente dos de estos espacios: Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.
La capacidad inicial de los nuevos recursos alcanzó unas 1.800 plazas, una cifra considerablemente inferior al número de personas que, según las distintas estimaciones, permanecían en situación de calle en Ceuta.
El traslado comenzó de forma voluntaria
Durante la mañana del 20 de agosto, los agentes y los equipos de las organizaciones sociales organizaron a los migrantes para facilitar su salida de la playa.
Alrededor de 1.200 personas de origen subsahariano fueron trasladadas hacia Loma Margarita, mientras que otras personas, principalmente de origen magrebí, fueron dirigidas hacia el espacio del Embolsamiento de Loma Colmenar.
Las instalaciones fueron preparadas con elementos básicos como literas, baños, agua, alimentos y espacios de atención. Según el Ministerio de Inclusión, las personas podían abandonar estos recursos cuando lo consideraran oportuno.
La organización de los traslados también buscó reducir las tensiones que habían aparecido durante las semanas anteriores entre diferentes grupos de migrantes.
El desalojo no puso fin inmediatamente a la situación
Uno de los principales problemas apareció pocas horas después.
Una vez que los migrantes fueron trasladados desde la playa, los servicios municipales comenzaron las labores de limpieza y desinfección del espacio. Sin embargo, cientos de personas regresaron posteriormente al Trampolín.
Europa Press informó de que alrededor de 500 migrantes volvieron a la zona durante la tarde del jueves, aparentemente para recuperar pertenencias personales que habían quedado en el asentamiento. La situación obligó a suspender temporalmente los trabajos de limpieza por razones de seguridad.
Al día siguiente, 21 de agosto, las autoridades reanudaron las tareas de limpieza con medios manuales y mecánicos para retirar residuos, cañas, cartones, enseres y otros materiales acumulados durante las semanas de ocupación.
Además, las fuerzas de seguridad volvieron a intervenir ante el regreso de más de un millar de personas a la zona, evidenciando que el problema no podía solucionarse únicamente mediante un desalojo puntual.
Una crisis que continúa fuera de la playa
Aunque la recuperación del Trampolín representa un intento de devolver el espacio a su uso público, el problema migratorio continúa en diferentes puntos de Ceuta.
Las autoridades han tenido que buscar nuevos espacios temporales de acogida debido a que los recursos existentes no son suficientes para absorber a todas las personas que permanecen en situación de calle.
El Gobierno central ha planteado ampliar progresivamente la capacidad mediante otros emplazamientos, entre ellos el campo de fútbol de Montesa número 3, la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.
La situación de los menores
Uno de los aspectos más delicados de la crisis es la presencia de menores migrantes no acompañados.
La situación de los menores se encuentra sujeta a un régimen de protección específico dentro de la legislación española, por lo que su gestión no puede abordarse de la misma manera que la de los adultos.
En paralelo al traslado de adultos y otros migrantes hacia espacios temporales, las administraciones han comenzado a trabajar en la redistribución de menores hacia otras comunidades autónomas.
El Gobierno también ha planteado el traslado a la Península de alrededor de 500 niñas migrantes, una medida que se encuentra en medio de un debate político y administrativo.
El debate sobre las devoluciones a Marruecos
La crisis también ha abierto una fuerte discusión política sobre qué debe ocurrir con las personas que entraron irregularmente en Ceuta.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado mayores medios administrativos para agilizar la gestión de los expedientes y ha defendido el retorno a Marruecos de quienes legalmente puedan ser devueltos.
Por su parte, la Comisión Europea ha señalado que espera que quienes entraron ilegalmente sean devueltos cuando corresponda, pero ha recordado que España debe garantizar la protección de las personas vulnerables y respetar las obligaciones legales correspondientes.
Esto significa que el desalojo de una playa y el retorno de una persona a Marruecos son cuestiones diferentes. El operativo del Trampolín tuvo como finalidad inmediata recuperar el espacio público y trasladar a las personas hacia recursos temporales de acogida; no constituyó por sí mismo una operación de deportación.
También se investigan redes de tráfico de migrantes
La crisis ha tenido además una dimensión relacionada con las redes de tráfico ilícito de migrantes.
La Policía Nacional informó el 21 de agosto de la desarticulación de dos organizaciones acusadas de facilitar el traslado clandestino de personas desde Ceuta hacia la Península mediante embarcaciones pequeñas.
En total fueron detenidas cinco personas. Según la investigación policial, algunas de las redes cobraban hasta 9.000 euros por persona y utilizaban embarcaciones sin las condiciones mínimas de seguridad. En uno de los casos investigados, los pasajeros permanecieron durante horas en el Estrecho en una embarcación sin chalecos salvavidas y con graves riesgos para su integridad.
Las investigaciones muestran que, después de conseguir llegar a Ceuta, algunas personas intentan continuar su recorrido hacia la Península utilizando vías clandestinas.
Un problema que va más allá del desalojo
El operativo de la playa del Trampolín permitió retirar a una parte importante de las personas que permanecían allí y comenzar la recuperación del espacio, pero los acontecimientos posteriores demostraron las dificultades para resolver la crisis únicamente mediante dispositivos policiales.
La falta de plazas suficientes, la saturación de los recursos de acogida, la situación específica de los menores, los procedimientos administrativos pendientes y las diferencias entre las posiciones del Gobierno central y las autoridades de Ceuta mantienen abierto el problema.
A ello se suma la necesidad de garantizar asistencia sanitaria y humanitaria a las personas que continúan en situación vulnerable.
La playa recupera su espacio, pero la crisis continúa
El desalojo del Trampolín representa uno de los operativos más importantes realizados en Ceuta desde la entrada masiva de finales de julio.
La intervención permitió trasladar a cientos de personas a instalaciones temporales y comenzar la limpieza de una playa que durante semanas se había transformado en un asentamiento improvisado. Sin embargo, el regreso de grupos de migrantes y la necesidad de nuevos dispositivos de acogida evidencian que el desalojo no constituye una solución definitiva.
La crisis migratoria de Ceuta continúa, por tanto, en una nueva fase: las autoridades buscan recuperar los espacios públicos ocupados mientras intentan ampliar la capacidad de acogida y gestionar la situación jurídica de miles de personas que llegaron a la ciudad durante la ola migratoria de finales de julio.
El caso del Trampolín resume así la complejidad del desafío: seguridad fronteriza, asistencia humanitaria, salud pública, protección de menores, procedimientos de extranjería y relaciones con Marruecos convergen en una ciudad que, en pocas semanas, ha tenido que afrontar una presión migratoria extraordinaria.
