Milei dejará sin ayudas sociales a quienes protesten

El gobierno argentino en cabeza de Javier Milei aprobó ley para reprimir las protestas y quitará las ayudas sociales.
El Gobierno argentino implementará nuevo protocolo para el orden público.

Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, puso a marchar al país derecho y aprobó la ley para reprimir las protestas.

La Presidencia de Argentina en X advirtió que «quitará las ayudas sociales a quienes participen de protestas».

«Queremos manifestar que, si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a sus trabajos», dijo la ministra, Sandra Pettovello.

Agregó «todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de las marchas perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano».

Pettovello también adelantó que su cartera auditará a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación.

También se habilitó el número telefónico 138 y en caso de que algún dirigente corte un plan por no asistir a una marcha.

«Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales»

La Administración de Milei anunció la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el aumento en un 50% de la Tarjeta Alimentar.

«Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad», apuntó.

La AUH entrega una ayuda económica mensual que se entrega por cada hijo menor de 18 años o hijo con discapacidad sin límite de edad.

Cerca de 4,4 millones de beneficiarios y a partir de enero comenzarán a percibir por mes 41.322 pesos (poco más de 51 dólares) por cada hijo».

La tarjeta Alimentar, un subsidio diseñado por el Gobierno anterior y que busca garantizar el acceso a la canasta básica y que usan poco más de 3,3 millones de personas.

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Nuevos protocolos para las protestas: Argentina

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y excandidata presidencial, luego de su posesión dio a conocer el nuevo protocola para las marchas en el país.

“Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz y llegar a su trabajo, escuela o donde tenga que ir”, indicó Bullrich.

Además advirtió que las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal «van a intervenir frente a cortes, bloqueos, sean parciales o totales».

La reacción de algunos sectores del país no se hizo esperar y alertaron que esta medida podría desencadenar una serie de abusos.

Argentina en 2023 registró 8.000 bloqueos o cortes de vía a lo largo y ancho del país, una cifra ligeramente inferior a la de 2022, cuando se produjeron unos 9.000, según El Clarín.

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Protocolo para mantener el orden público:

  • Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales «intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte», como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías «debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas».
  • La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a «despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio».
  • En los procedimientos, los efectivos «emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente» con «armas no letales». Sin embargo, se aclara que esa fuerza será «graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes» y con «empleo de armas no letales».
  • Deberán «identificar a los autores, cómplices e instigadores» de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
  • «Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores» de las protestas «registrados por las fuerzas de seguridad» —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán «remitidos al Ministerio de Seguridad».
  • Cuando se observen actos que puedan ocasionar «daño ambiental» (como quema de neumáticos) «se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental».
  • El Ministerio de Seguridad «podrá demandar judicialmente» a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, «por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».
  • Se «creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones» y de «infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas, hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas».

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