El presidente Gustavo Petro volvió a encender la controversia alrededor del fallo que frenó el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones, al insistir en que el magistrado del Consejo de Estado que tomó la decisión debería ser investigado penalmente por prevaricato.
La polémica surgió después de que el Consejo de Estado suspendiera el Decreto 415 de 2026, norma con la que el Gobierno buscaba mover cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, argumentó que el traslado no podía hacerse porque el fondo especial contemplado en la reforma pensional aún no existe formalmente.
Desde su cuenta de X, Petro aseguró que la decisión favorece “a los banqueros” y pidió demandar penalmente al magistrado, declaraciones que provocaron reacciones en distintos sectores políticos y judiciales.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, tomó distancia de la postura presidencial y afirmó que no considera apropiado llevar las diferencias con las decisiones judiciales al terreno penal. El funcionario señaló que existen mecanismos jurídicos dentro de la jurisdicción contenciosa para controvertir los fallos.
El choque también generó una respuesta institucional del Consejo de Estado, que calificó de “incendiario” el tono utilizado por el mandatario y defendió la independencia judicial y los controles al poder público.
