El presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate público el escándalo de Odebrecht, insistiendo en que la investigación debe profundizarse hasta esclarecer completamente los hechos de corrupción. En particular, señaló nuevamente al exfiscal Néstor Humberto Martínez como uno de los responsables de la impunidad que ha rodeado el caso en el país.
Petro afirmó que los aproximadamente 50 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht no solo sirvieron para asegurar contratos de obra pública, sino que también habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en Colombia. El mandatario criticó que esta línea de investigación —la financiación electoral— no haya avanzado con la misma fuerza que otras, sugiriendo un tratamiento desigual dentro del sistema judicial. Además, hizo referencia indirecta a reportes del The New York Times que han mencionado investigaciones en su contra, cuestionando el contraste en el tratamiento mediático y judicial.
En cuanto al papel de Martínez, Petro reiteró que su paso por la Fiscalía (2016–2019) estuvo marcado por un posible conflicto de interés, debido a que previamente fue abogado del Grupo Aval, socio de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol II. Según el presidente, esta relación habría limitado la profundidad de las investigaciones. Esta tesis se apoya, entre otras cosas, en los audios del fallecido auditor Jorge Enrique Pizano, en los que Martínez habría sido informado desde 2015 sobre irregularidades contractuales e incluso habría reconocido la existencia de sobornos.
Por su parte, el exfiscal ha defendido su gestión argumentando que durante su administración se adelantaron múltiples investigaciones, se interrogó a más de 90 personas y se logró establecer que los sobornos en Colombia alcanzaron los 84.000 millones de pesos, una cifra superior a la inicialmente reconocida. Sin embargo, el texto señala que, pese a estos avances, la percepción general es que la impunidad ha predominado en el manejo del caso.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación está evaluando la posibilidad de llegar a acuerdos con varios exdirectivos de Odebrecht —Luiz Antonio Bueno Junior, Eleuberto Martorelli, Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes—. Estas negociaciones buscan que los implicados colaboren con información clave sobre otros responsables del entramado de corrupción, a cambio de beneficios judiciales mediante el principio de oportunidad.
Si estos acuerdos se concretan, podrían abrir la puerta a nuevas imputaciones y a procesos judiciales contra otros involucrados, además de incluir compromisos de reparación económica. En caso de que no prosperen o no sean aprobados por un juez, la Fiscalía continuaría con el proceso penal ordinario.
Finalmente, el caso Odebrecht es presentado como uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, con ramificaciones en múltiples países. En Colombia, el foco ha estado en el proyecto Ruta del Sol II, que implicó a políticos, funcionarios y empresarios de distintos niveles, dejando una huella profunda en la institucionalidad y en la confianza pública.
