El concejal de Villavicencio, Gustavo Basto, anunció que interpuso una denuncia
penal contra el gerente del Acueducto, Alejandro Aponte, a quien calificó como
“mentiroso y descarado”, además de presentar una queja formal ante la
Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios). Basto insistió en que
existen irregularidades en la gestión del suministro de agua y en la forma en que
se está manejando el tema sanitario en la ciudad.
Captación
“Mientras el gerente nos dice que tenemos que acostumbrarnos a bañarnos a
cocadas, están captando agua de Caño Buque de manera irregular y sin el
permiso sanitario. No lo decimos nosotros, lo dice la autoridad ambiental y la
secretaría de Salud del departamento”, afirmó Basto. El concejal señaló que se
está poniendo en riesgo la salud pública de la población villavicense y se requiere
una revisión rigurosa por parte de las autoridades competentes.
Denuncia
Basto explicó que la denuncia penal busca esclarecer responsabilidades y
posibles conductas que tendrían connotaciones penales, mientras que la queja
ante la Superservicios busca una revisión de la prestación del servicio y de las
condiciones de operación del Acueducto. “Alcalde, gerente, por su incapacidad,
por su pésima gestión administrativa, hoy están poniendo en riesgo la salud
pública de los villavicenses, y por esa razón tendrán que responder ante la
Fiscalía y ante la Superintendencia”, agregó.
Plan
La oposición sostiene que la población viene enfrentando problemas persistentes
en la calidad y continuidad del suministro, así como en la transparencia de los
procesos de captación y tratamiento del agua. Basto insistió en que la evidencia
de las autoridades ambientales y de la secretaría de Salud del departamento
respalda sus señalamientos y que, por ello, las denuncias son necesarias para
evitar que la situación se agrave.
Al cierre de esta edición no existía una reacción pública del alcalde ni del gerente
del Acueducto respecto a estas acusaciones. La ciudadanía villavicense
permanece atenta a los avances de estas diligencias, que podrían definir líneas de
investigación y posibles medidas administrativas para esclarecer la
responsabilidad de las personas involucradas y, sobre todo, para salvaguardar la
salud pública en la ciudad.