El aumento de muertes violentas en Boyacá durante 2025 encendió las alarmas de autoridades y ciudadanos, pero no por el delito común, sino por la preocupante cifra de fallecimientos en accidentes de tránsito, que hoy encabezan las estadísticas de mortalidad en la región. Así lo reveló la Policía Metropolitana de Tunja durante su rendición de cuentas anual, en la que, pese a reportar avances operativos en materia de seguridad, quedó en evidencia un panorama crítico en seguridad vial.
El coronel Javier Lemus, comandante de la institución, destacó los resultados en la lucha contra el crimen: 1.366 capturas realizadas, recuperación de 28 vehículos y 58 motocicletas, incautación de 30 armas ilegales y más de 80 kilos de estupefacientes. Además, se resolvieron 22 casos de extorsión y se llevaron a cabo 18 allanamientos en centros carcelarios. Por su parte, la capitán Yisney Riscanevo informó que la Policía también realizó 5.098 incautaciones y múltiples acciones preventivas, incluyendo 350 medidas de protección a menores y atención a 98 casos de niños en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, estos avances en control del delito no se traducen en una reducción de muertes en las vías, que siguen aumentando de manera alarmante. El exceso de velocidad, la imprudencia de conductores y la falta de cultura vial permanecen como factores estructurales que ninguna intervención policial por sí sola puede resolver. La problemática refleja una necesidad urgente de educación, infraestructura adecuada y campañas de prevención más efectivas que trasciendan las acciones de control.
El balance presentado deja una paradoja evidente: mientras disminuyen ciertos indicadores delictivos, el riesgo de muerte por accidentes de tránsito sigue creciendo, planteando un desafío mayor para las autoridades y la comunidad. La pregunta que queda en el aire es preocupante: ¿por qué continúan perdiéndose más vidas en las carreteras que por criminalidad directa? La respuesta parece señalar que la seguridad en Boyacá no puede limitarse únicamente al combate del delito, sino que debe incluir un enfoque integral que priorice la prevención, la educación vial y la responsabilidad ciudadana.
