Representante María Victoria Solarte Daza, Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S./Foto: Archivo particular
La audiencia contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, completó este jueves su tercer día consecutivo en medio de un proceso judicial que mantiene en tensión el panorama político y urbanístico del municipio. La Fiscalía insiste en solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción, mientras desde la administración municipal se defiende la actuación del mandatario y se plantea una hipótesis distinta sobre el origen del caso.
Según personas cercanas al gobierno local, el proceso judicial habría coincidido con una serie de actuaciones administrativas que avanzaban contra un megaproyecto inmobiliario desarrollado por la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., representada por María Victoria Solarte Daza. La construcción, ubicada en jurisdicción de Villa de Leyva, habría despertado preocupación dentro de la Alcaldía debido a presuntas inconsistencias urbanísticas relacionadas con las dimensiones autorizadas en la licencia de construcción.
Fuentes de la administración aseguran que el proyecto inicialmente contaba con permiso para levantar cerca de 551 metros cuadrados; sin embargo, durante las inspecciones y revisiones técnicas se habría evidenciado una expansión que superaría los 5.000 metros cuadrados construidos. Esta situación motivó la apertura de procedimientos administrativos y posibles sanciones urbanísticas contempladas en la normatividad vigente.
De acuerdo con versiones conocidas desde la Alcaldía, el alcalde Gamboa estaba próximo a confirmar una sanción cercana a los 232 millones de pesos y ordenar la demolición de aproximadamente 5.400 metros cuadrados que, presuntamente, habrían sido edificados sin autorización legal. Dentro del entorno del mandatario existe la percepción de que las denuncias que hoy lo mantienen privado de la libertad podrían estar relacionadas con las decisiones tomadas frente al proyecto inmobiliario y las medidas correctivas impulsadas desde la administración municipal.
Mientras la Fiscalía sostiene que el alcalde habría participado en presuntas exigencias indebidas para facilitar permisos urbanísticos, la defensa insiste en que las actuaciones del mandatario estaban enfocadas en frenar construcciones que, según afirman, incumplían las normas urbanísticas del municipio.
La expectativa ahora está centrada en la decisión que adopte el juez de control de garantías, quien deberá definir si el alcalde continuará el proceso en libertad o si será enviado a prisión mientras avanza la investigación judicial.
