Gerente de la E.S.E. Centro de Salud de Paya, Ana Isabel Cárdenas/Foto: archivo particular
Dos médicos y una odontóloga que realizaban su servicio social obligatorio en el municipio de Paya abandonaron el territorio luego de denunciar amenazas recibidas a través de WhatsApp y asegurar que no contaban con garantías mínimas de seguridad para continuar ejerciendo sus labores. Los hechos fueron revelados por el médico Santiago Avella, quien afirmó que las intimidaciones ocurrieron el pasado 6 de mayo y que las evidencias fueron entregadas a la Fiscalía, la Policía Nacional y demás autoridades competentes.
Según explicó, los mensajes generaron temor entre los profesionales de la salud que atendían a la comunidad en esta zona del oriente boyacense. De acuerdo con Avella, tras reportar la situación, no recibieron acompañamiento efectivo ni medidas de protección por parte de las autoridades locales o de las directivas del centro asistencial.
El médico sostuvo que, pese a las denuncias, se les pidió continuar trabajando con normalidad, argumentando que situaciones similares eran frecuentes en la región.“Una amenaza es una amenaza, independientemente de quién venga”, expresó el profesional, quien aseguró que el ambiente de incertidumbre y miedo terminó afectando tanto a los trabajadores como a sus familias.
El caso tomó mayor relevancia luego de que, según Avella, circulan conversaciones internas en las que presuntamente se minimizan las denuncias realizadas por los médicos rurales. En dichos mensajes, que habrían sido enviados de manera anónima a los profesionales, se afirmaba que las amenazas eran falsas y que los trabajadores estaban exagerando la situación.
El médico aseguró además que algunos comentarios responsabilizaba a los funcionarios de salud por frecuentar espacios públicos del municipio, insinuando que esa conducta habría provocado las intimidaciones. Para Avella, ese tipo de reacciones no solo desconocieron la gravedad de lo ocurrido, sino que aumentaron la sensación de abandono institucional.
Otro de los factores que incrementó la preocupación fue el desplazamiento constante hacia sectores apartados donde, según denunciaron, no existe presencia permanente de la fuerza pública. Una de las profesionales debía trasladarse a un corregimiento rural sin acompañamiento policial, situación que, según relataron, elevó el nivel de riesgo.
Aunque no se registraron agresiones físicas posteriores a los mensajes amenazantes, los profesionales decidieron salir del municipio al considerar que permanecer en la zona representaba un peligro para su integridad. Hasta el momento, la gerente de la E.S.E. Centro de Salud de Paya, Ana Isabel Cárdenas, no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias conocidas. Entretanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de seguridad que enfrentan algunos trabajadores de la salud en regiones apartadas del país y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor.
