La controversia por la muerte del menor Kevin Acosta volvió a escalar en Colombia luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desmintiera públicamente al presidente Gustavo Petro y negara estar ocultando el informe forense del caso.
El pronunciamiento oficial de la entidad se produjo tras las declaraciones del mandatario durante un Consejo de Ministros, en el que aseguró que el instituto no había entregado el informe de necropsia ni al Gobierno, ni a la familia del menor, insinuando incluso un posible manejo político de la información.
Medicina Legal responde: no hay ocultamiento
El director del instituto, Ariel Emilio Cortés, rechazó los señalamientos del presidente y explicó que la entidad no tiene facultad legal para divulgar informes de necropsia sin una orden judicial.
Según indicó, Medicina Legal actúa como auxiliar de la justicia, por lo que los resultados forenses solo pueden ser entregados a autoridades competentes dentro de procesos judiciales en curso.
Además, el funcionario detalló que sí hubo solicitudes formales por parte del Gobierno, pero que estas fueron respondidas conforme al marco legal vigente, respetando la reserva procesal del caso.
La tutela del Gobierno y el fallo judicial
La controversia incluso llegó a instancias judiciales. El Ministerio de Salud interpuso una tutela alegando vulneración al derecho de petición por la no entrega del informe.
Sin embargo, el recurso fue declarado improcedente por un juzgado en Bogotá, lo que respaldó la actuación de Medicina Legal y su apego a la ley.
El caso Kevin Acosta: origen de la polémica
El menor, identificado como Kevin Arley Acosta, tenía siete años y padecía hemofilia severa tipo A. Su fallecimiento en febrero de 2026 generó indignación nacional y abrió un debate sobre el sistema de salud en Colombia.
El niño murió tras sufrir una caída mientras montaba bicicleta, pero su caso está rodeado de cuestionamientos sobre la falta de suministro oportuno de medicamentos esenciales por parte de la EPS encargada de su tratamiento.
Mientras el Gobierno ha planteado distintas hipótesis sobre las causas del fallecimiento, organismos como la Procuraduría han señalado posibles fallas en la atención médica que habrían puesto al menor en situación de riesgo.
Choque institucional y debate político
Las declaraciones del presidente Petro no solo generaron controversia mediática, sino también un choque institucional entre el Ejecutivo y una entidad técnica del Estado.
Medicina Legal insistió en que su labor se rige por principios de imparcialidad, rigor científico y respeto por la ley, evitando entrar en confrontaciones políticas.
Este episodio se suma a la creciente tensión alrededor del sistema de salud colombiano, en medio de reformas, denuncias por fallas en la prestación de servicios y casos emblemáticos como el de Kevin Acosta.
Conclusión
El caso refleja no solo la tragedia de una familia, sino también las profundas grietas institucionales y del sistema de salud en Colombia. Mientras el Gobierno exige claridad, Medicina Legal defiende su actuar bajo la ley, dejando en manos de la justicia la determinación final sobre las causas de la muerte del menor.
