Denuncian criaderos ilegales con animales en condiciones extremas.
Redacción Extra
Una grave denuncia por presunto maltrato animal fue presentada en el municipio de Soracá, donde organizaciones defensoras de animales alertaron sobre la existencia de dos criaderos clandestinos en condiciones que califican como “lamentables y degradantes”. De acuerdo con el reporte entregado por colectivos animalistas, entre ellos la Fundación Mi Mejor Amigo, liderada por Viviana Nieto, los animales encontrados en el lugar presentan signos evidentes de desnutrición extrema, algunos en estado de caquexia, además de afecciones cutáneas severas y ausencia total de atención veterinaria. Según la denuncia, los animales estarían sobreviviendo en medio de sus propios desechos, sin acceso a agua potable y en espacios insalubres que comprometen gravemente su salud y bienestar. Ante la situación, se dio aviso a la Policía Ambiental y a unidades de Carabineros, quienes se desplazaron hasta el sitio. Sin embargo, de acuerdo con los denunciantes, la intervención institucional habría sido limitada. Aunque se permitió el ingreso a uno de los predios señalados, en el segundo criadero no se efectuó inspección interna, pese a que —según los colectivos— existían condiciones visibles que podrían configurar maltrato animal.
Este hecho ha generado cuestionamientos frente a la aplicación de la Ley 1774 de 2016, normativa que establece que las autoridades pueden ingresar sin orden judicial cuando haya indicios claros de maltrato. Para los denunciantes, la omisión de este procedimiento habría impedido una verificación completa de los hechos y la posible protección inmediata de los animales. Las organizaciones confirmaron que la situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar si existen méritos para adelantar una investigación penal por el delito de maltrato animal, tipificado en la legislación colombiana.
En medio de la controversia, la Fundación Mi Mejor Amigo y otros colectivos, como “Dejando Huella” y “Bichabigotes”, manifestaron su disposición para apoyar el eventual rescate, rehabilitación y proceso de adopción de los animales afectados, en caso de que las autoridades ordenen su decomiso.
El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las rutas de atención frente a denuncias de maltrato animal en Boyacá, así como el papel de las autoridades en la aplicación de la normativa vigente. Mientras tanto, los denunciantes insisten en la necesidad de mayor celeridad institucional, argumentando que la demora en la intervención podría prolongar el sufrimiento de los animales. Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para visibilizar la situación y ejercer control social, señalando que la presión pública puede ser determinante para garantizar la protección de los seres sintientes en escenarios donde, según afirman, la respuesta institucional resulta insuficiente.
