Organizaciones de derechos humanos y expertos exigen una investigación independiente por el uso excesivo de la fuerza en la “Operación Contención”.
Río de Janeiro amaneció conmocionada tras uno de los operativos policiales más letales de su historia reciente, que dejó al menos 132 personas muertas en los complejos de Penha y Alemão, dos de las zonas más pobres y conflictivas de la ciudad. La acción, denominada “Operación Contención”, tenía como objetivo capturar a cien presuntos miembros del grupo criminal Comando Vermelho, pero terminó convertida en una tragedia que ha sacudido al país.
Durante horas, los enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes semiparalizaron la ciudad. Más de 2.500 agentes, respaldados por vehículos blindados, helicópteros y drones, participaron en el operativo. Escuelas, universidades y comercios fueron cerrados, mientras los tiroteos se extendían por los barrios densamente poblados.
El miércoles por la mañana, vecinos de las favelas comenzaron a recuperar cuerpos de una zona boscosa y los reunieron en plena calle, exponiendo la magnitud de lo ocurrido. “Esto fue un baño de sangre, una enorme tragedia”, afirmó César Muñoz, director para Brasil de Human Rights Watch (HRW), quien pidió una investigación exhaustiva sobre los protocolos empleados y el grado de responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
El sociológo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, describió el operativo como “un déjà vu” de las acciones policiales recurrentes en la ciudad: “Se invade, se mata, se incautan armas y drogas, se retiran y, meses después, se repite el ciclo. Pero esta vez, a una escala nunca antes vista”.
Las repercusiones políticas fueron inmediatas. Desde Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció que el Gobierno evaluará si lo ocurrido “es compatible con el Estado democrático de derecho”, y reveló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” y “sorprendido” por no haber sido informado de la operación.
Mientras la policía defiende su actuación alegando legítima defensa, los críticos sostienen que la masacre refleja la profunda crisis de seguridad y derechos humanos en Brasil, donde las operaciones en favelas —frecuentemente justificadas como combates al narcotráfico— terminan cobrando un alto costo en vidas civiles.
Las imágenes de decenas de cadáveres alineados en las calles de Río ya han dado la vuelta al mundo, simbolizando lo que muchos brasileños califican como “el mayor fracaso del Estado frente a su propio pueblo”.
