El artículo presenta un balance sobre los resultados obtenidos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, destacando que los avances alcanzados deben entenderse como las bases para consolidar un desarrollo económico y social sostenible. Según el análisis, el crecimiento económico solo puede considerarse verdadero desarrollo cuando se traduce en mejores condiciones de vida para la población, mediante la generación de empleo, el aumento de los ingresos, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y un mayor acceso a los servicios sociales.
El documento explica que, después de los efectos negativos provocados por la pandemia de COVID-19, Colombia logró recuperar gradualmente la senda del crecimiento económico. Se recuerda que antes de la pandemia la economía ya mostraba una desaceleración, pasando de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,1 % en 2013 a cifras cercanas al 1,4 % y 2,6 % entre 2016 y 2017. Posteriormente, en 2020 la economía sufrió una fuerte caída superior al 7 %, pero comenzó a recuperarse en los años siguientes, registrando un crecimiento del 0,8 % en 2023, del 1,5 % en 2024 y del 2,6 % en 2025, lo que refleja una recuperación progresiva de la actividad económica.
El artículo señala que este crecimiento ha estado acompañado por una mejora en los indicadores laborales. Destaca que la tasa de desempleo disminuyó del 10,6 % en abril de 2022 al 8,6 % en junio de 2026, mientras que la informalidad laboral pasó del 58 % al 54 % durante el mismo período. Además, se afirma que la implementación del llamado salario vital contribuyó a mejorar los ingresos de los trabajadores y a fortalecer el empleo formal.
Como consecuencia de estos avances económicos y laborales, el país también habría registrado una importante reducción en los niveles de pobreza y desigualdad. La pobreza monetaria pasó del 40 % en 2021 al 28 % en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó del 14 % al 9,6 %. Asimismo, el coeficiente de Gini, utilizado para medir la desigualdad en los ingresos, se redujo de 0,55 a 0,51, lo que, según el análisis, refleja una distribución más equitativa de la riqueza. Estos resultados significan que aproximadamente cinco millones de personas salieron de la pobreza y dos millones dejaron la pobreza extrema durante el actual gobierno.
El informe también destaca avances en la protección de las madres y la primera infancia. Basándose en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025, señala que el 94 % de las mujeres embarazadas recibe controles prenatales y que el 99 % de los partos ocurre en instituciones de salud. Además, resalta que la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años disminuyó en un 60 %, al pasar de un índice de 10,78 en 2022 a 4,34 en 2025. Igualmente, la mortalidad infantil general descendió de 12 a 10 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, mostrando mejoras en la atención a la infancia.
Otro aspecto analizado es la transformación de la estructura demográfica y familiar del país. El tamaño promedio de los hogares colombianos se redujo a tres personas, mientras aumentó la proporción de hogares unipersonales y de familias conformadas por un solo padre o madre con un hijo. También se destaca que más del 50 % de los hogares tienen actualmente jefatura femenina, cifra superior a la registrada en años anteriores. En cuanto a la población, el 26 % corresponde a menores de 15 años y el 15 % a adultos mayores de 65 años, lo que implica mantener importantes inversiones en educación, salud y protección social.
El documento identifica algunos desafíos pendientes en materia de acceso a los servicios públicos y sociales. Aunque la cobertura en salud es amplia, aún existen hogares sin aseguramiento y personas que enfrentan barreras para acceder a los servicios médicos. Además, persisten problemas relacionados con el rezago y la inasistencia escolar, aspectos que requieren el fortalecimiento de las políticas públicas.
En este contexto, el artículo resalta la importancia del fortalecimiento del Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a departamentos y municipios para financiar servicios como educación, salud y agua potable. Se recuerda que el Acto Legislativo 3 de 2024 estableció un aumento progresivo de estas transferencias, que pasarán del 20 % al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación hacia el año 2039, con el fin de fortalecer las capacidades de las entidades territoriales.
Finalmente, el texto enfatiza que uno de los principales retos del país continúa siendo la reducción de las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades la mayoría de los hogares cuenta con acceso a servicios básicos como acueducto, alcantarillado, aseo y gas domiciliario, en las zonas rurales las coberturas siguen siendo considerablemente más bajas. Por ello, se recomienda mantener la inversión en infraestructura y servicios públicos para el campo, complementándola con los avances de la reforma agraria, mediante la entrega y titulación de millones de hectáreas de tierra.
El artículo concluye señalando que también es necesario seguir fortaleciendo las políticas de vivienda, ya que solo cerca del 51 % de los hogares colombianos posee vivienda propia, mientras que el aumento en los costos de los arriendos y la reducción del tamaño de las nuevas viviendas representan desafíos importantes. En conjunto, el análisis sostiene que mantener estas políticas públicas permitirá consolidar el crecimiento económico, reducir las desigualdades y garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible para el país.
