Tras las elecciones legislativas del 8 de marzo en Antioquia, diversas veedurías ciudadanas y partidos políticos denunciaron presuntas irregularidades durante el proceso de preconteo y escrutinio de votos, señalando inconsistencias que podrían involucrar más de 18.000 sufragios. Las denuncias incluyen formularios electorales incompletos, omisión de votos y diferencias entre los resultados del preconteo y los registros encontrados al abrir las urnas.
Según reportes de la Comisión Escrutadora Auxiliar del departamento, se detectaron inconsistencias significativas en los resultados electorales. Entre los problemas señalados se encuentran votos que aparecieron registrados en el preconteo pero que posteriormente no se encontraron en las urnas durante el proceso oficial de escrutinio. Esta situación ha generado controversia, ya que los cambios en las cifras habrían reducido la votación de algunos partidos tradicionales, mientras que los resultados del Pacto Histórico mostrarían un aumento en el conteo final.
El representante electo Hernán Muriel denunció la existencia de un posible fraude electoral, asegurando que más de 20.000 votos al Senado podrían ser falsos y que otros 13.000 votos destinados a la Cámara de Representantes no habrían sido depositados en las urnas. Estas declaraciones han intensificado el debate político en el departamento y han llevado a exigir revisiones más detalladas del proceso de escrutinio.
Por su parte, el diputado Manuel García sostuvo que la situación podría responder a un ataque político y defendió el incremento de votos obtenido por el Pacto Histórico en el conteo oficial. Al mismo tiempo, señaló que la reducción de votos para algunos partidos tradicionales podría estar relacionada con irregularidades en el proceso electoral.
Entre las principales anomalías denunciadas se encuentran fallas en los formularios E-14, documentos fundamentales en el sistema electoral colombiano que registran los resultados de cada mesa de votación. En varios casos, estos formularios habrían aparecido sin las firmas requeridas de los jurados de votación, además de presentar errores en el conteo de sufragios. También se reportó la omisión de hasta 300 votos por mesa, lo que ha aumentado las sospechas sobre la transparencia del proceso.
Adicionalmente, el Partido de la U denunció que algunos votos fueron incinerados debido a inconsistencias en los registros y afirmó que las comisiones escrutadoras habrían rechazado solicitudes para reabrir bolsas de votación con el fin de verificar el contenido. Estas denuncias han generado preocupación entre los diferentes actores políticos y organizaciones de control electoral.
Las irregularidades denunciadas adquieren especial relevancia debido a que en Antioquia se definieron posiciones clave dentro del Congreso. En particular, el departamento fue determinante para la asignación de la curul número 26 del Pacto Histórico en el Senado y para la disputa de la curul 17 a la Cámara de Representantes entre el Partido Conservador Colombiano, el MIRA y el Pacto Histórico.
Debido a la importancia de estos resultados para la composición final del Congreso, Antioquia se ha convertido en uno de los focos principales del debate electoral en el país. Las denuncias y las diferencias en los resultados han intensificado las tensiones políticas y podrían derivar en nuevas revisiones o reclamaciones dentro del proceso de escrutinio oficial, que es el que finalmente determina la asignación de curules en el legislativo colombiano.
