La actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, hecha mediante el Registro Social de Hogares, ha implicado que 20,8 millones de personas afiliadas hayan sido impactadas por la nueva categorización, dado que podrían perder su condición de beneficiarios sin que haya habido un cambio real de su situación, alertó la Defensoría del Pueblo.
“La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60% del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización. De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación, por lo cual es necesario que la aplicación del mecanismo sea rigurosa, para no afectar a los ciudadanos”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
“El Estado colombiano debe poner en marcha medidas prioritarias para proteger a los hogares objeto de una transición abrupta, ya que podría despojarlos del acceso a servicios básicos”, precisó el organismo de control humanitario, que también señaló que también se deben considerar las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en los sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales.
La alerta la lanzó tras un análisis que hizo sobre la información emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual está relacionada con la actualización de la clasificación de los hogares mediante el Registro Social de Hogares (RSH).
El proceso de actualización del Sisbén está produciendo una recategorización de los hogares, la cual muestra que 732.740 hogares han salido de la clasificación de pobreza extrema, lo que equivale a una disminución del 17,8%. Además, 446.141 hogares han sido reclasificados desde la pobreza moderada, una variación del 8,8%.
“El reajuste en la categorización podría significar que hogares anteriormente considerados como en situación de pobreza, los cuales, por ende, tenían acceso a programas de apoyo y subsidios estatales, ahora pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su salida de los programas de asistencia”, señala Camargo Assis.