Fue acusado por ser autor de falsos positivos, 130 ejecuciones extrajudiciales y graves lesiones a los derechos humanos.
La decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada al país al excomandante del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, es un paso importante en la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Montoya ha sido acusado de estar involucrado en el escándalo de los «falsos positivos», una práctica ilegal en la que miembros del Ejército colombiano mataban a civiles y luego los presentaban como combatientes muertos en enfrentamientos, con el fin de mostrar éxitos en la lucha contra los grupos armados ilegales.
El anuncio, hecho el 22 de noviembre de 2024, se basa en las «graves violaciones» a los derechos humanos que Montoya habría cometido durante su tiempo al mando del Ejército, entre 2006 y 2008. Aunque Montoya siempre ha negado su implicación directa en estos crímenes, su figura ha estado en el centro de varias investigaciones y denuncias relacionadas con los «falsos positivos».
La decisión de Estados Unidos refuerza el compromiso de este país con la protección de los derechos humanos y muestra una postura firme frente a individuos involucrados en crímenes graves. Esta medida también subraya la importancia de la rendición de cuentas, especialmente en el contexto de Colombia, donde la memoria histórica de la violencia y los abusos cometidos durante el conflicto armado siguen siendo temas de gran relevancia.
Este paso podría tener repercusiones en el debate sobre la justicia transicional y el proceso de paz en Colombia, especialmente en lo que respecta a la reparación y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.