El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, testificará este martes 24 de marzo de 2026 en el juicio federal contra el excongresista David Rivera, quien enfrenta graves acusaciones por lavado de dinero y operación de lobby ilícito. Según la fiscalía de Miami, Rivera y su socia Esther Nuhfer gestionaron intereses del gobierno de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018 sin registrarse como agentes extranjeros ante el Departamento de Justicia. Los fiscales sostienen que el exlegislador recibió pagos millonarios de PDV USA, una filial de la estatal petrolera venezolana, para influir en figuras clave de la administración Trump y suavizar las sanciones económicas contra el régimen socialista. Esta comparecencia pone bajo el foco la estrecha relación personal entre Rubio y Rivera, quienes compartieron vivienda y trayectoria política en Florida durante más de una década.
La acusación formal detalla un sofisticado esquema de pagos que sumaba un contrato total de 50 millones de dólares para mejorar las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. Por consiguiente, los investigadores alegan que los acusados utilizaron un lenguaje cifrado en sus comunicaciones para ocultar la naturaleza de sus actividades y el origen de los fondos. Por ejemplo, los mensajes de texto interceptados revelan que los implicados se referían a Maduro como «El guaguero» y a los millones de dólares como «melones», intentando evadir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Aunque Rubio reconoce que sostuvo reuniones con Rivera en 2017 para discutir la situación de Venezuela, el secretario de Estado afirma que nunca conoció el trasfondo financiero ni la vinculación directa de su amigo con la petrolera PDVSA.
Marco Rubio ante el estrado: el juicio por lobby venezolano sacude la política de Florida/ El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se dirige a la prensa el 2 de marzo de 2026.
Brendan Smialowski/AFP vía Getty Images
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Además de la declaración de Rubio, el juicio cuenta con una lista de testigos de alto perfil que incluye a la exasesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, y al representante de Texas, Pete Sessions. No obstante, la defensa de Rivera sostiene que sus gestiones buscaban simplemente una reconciliación democrática que incluía la celebración de elecciones libres y justas en el país sudamericano. Por el contrario, el Departamento de Justicia insiste en que los 25 millones de dólares que Rivera efectivamente recibió sirvieron para financiar un cabildeo oculto que vulneró la seguridad nacional. Este proceso judicial marca un precedente importante en la aplicación de la ley FARA, la cual obliga a cualquier persona que trabaje para un gobierno extranjero a declarar sus vínculos y remuneraciones de manera transparente.
La historia personal entre ambos políticos añade una capa de complejidad al caso, ya que Rubio y Rivera compraron una casa juntos en Tallahassee en 2005 mientras servían en la legislatura estatal. A pesar de este vínculo, el portavoz de Rubio reiteró que el senador siempre mantuvo una postura inquebrantable contra el régimen de Maduro, exigiendo el levantamiento de sanciones solo a cambio de democracia real. De igual manera, los fiscales argumentan que, si Rivera intentó suavizar la posición de Rubio, su esfuerzo fracasó estrepitosamente debido a la línea dura que Washington mantuvo durante ese periodo. El testimonio del secretario de Estado resulta crucial para determinar si los acusados engañaron activamente a los funcionarios estadounidenses o si existió algún grado de conocimiento sobre la procedencia de los recursos venezolanos.
Marco Rubio ante el estrado: el juicio por lobby venezolano sacude la política de Florida
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Finalmente, Rivera enfrenta penas que podrían sumar décadas de prisión si el jurado lo halla culpable de conspiración, lavado de dinero y transacciones ilícitas. Mientras el juicio avanza en Miami, la comunidad internacional observa con atención cómo se desvelan los hilos del poder que intentaron conectar a Caracas con Washington en los momentos de mayor tensión bilateral. Los expertos legales sugieren que este caso fortalecerá los controles sobre los excongresistas que saltan al mundo del lobby, especialmente cuando involucran a regímenes bajo sanciones internacionales. La resolución de este conflicto judicial no solo definirá el futuro de David Rivera, sino que también aclarará la integridad de los procesos de consulta diplomática en el corazón del sistema político estadounidense.
