El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, recibiendo una pena de 12 años de arresto domiciliario, inhabilitación para ejercer cargos públicos, multa significativa y la posibilidad de recurso de apelación.
La sentencia, considerada inédita en la historia colombiana al alcanzar a un exmandatario, ha generado una fuerte polarización dentro del panorama político.
Las movilizaciones del 7 de agosto
Convocada por el partido Centro Democrático bajo el lema “Marcha por la libertad y la democracia”, la jornada reunió a cientos de miles de personas —según organizadores, más de 500 mil manifestantes— en más de 21 departamentos y 33 ciudades, incluso con expresiones simbólicas en el exterior.
En Bogotá, a pesar de la lluvia, los seguidores atendieron al llamado movilizándose desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar; en Medellín, Cali, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades, la presencia fue multitudinaria, con camisetas blancas, banderas, pancartas y consignas como “Uribe inocente” o “Uribe amigo, el pueblo está contigo”.
Algunas marchas se desarrollaron en calma, mientras que en Cali se presentó un episodio aislado de confrontación con opositores; sin embargo, las autoridades intervinieron rápidamente y no se registraron disturbios mayores.
Reacciones y apelaciones
Uribe agradeció públicamente a sus seguidores mediante un video difundido tras las movilizaciones, en el que expresó gratitud y llamó a consolidar un “gobierno de transición” que garantice estabilidad democrática, rechazando cualquier intento de legalización de la droga y promoviendo el emprendimiento juvenil.
Analistas políticos interpretan la marcha como un indicador del vigor del uribismo y su capacidad de movilización, anticipando su influencia en las elecciones presidenciales de 2026, que ahora cobran mayor carga simbólica tras esta jornada de respaldo popular.
