El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, podría enfrentarse a una investigación penal y disciplinaria. Esto, después de que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidiera a la Comisión de Acusación de la Cámara que abriera estos procesos en su contra.
Al respecto, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante el presidente de esa Comisión una denuncia y una queja disciplinaria contra Fernández, en la que pide determinar si este tiene algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria. Esto, con respecto a los hechos revelados por Cambio este fin de semana.
Según expuso ese medio, la Fiscalía conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que hoy vinculan al magistrado Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Sin embargo, pese a que el material quedó incorporado al expediente de ese caso de corrupción, el ente acusador no compulsó copias ni abrió una investigación contra el entonces secretario jurídico de la Presidencia y
Delitos denunciados
Entonces, en su denuncia, la Red de Veedurías citaría expresamente disposiciones del Código Penal relacionadas con los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y omisión de denuncia de servidor público y “otros por determinar”.
Para explicar cada uno, el cohecho propio implica recibir para sí u otro un dinero o utilidad para retardar u omitir un acto propio de su cargo. Mientras tanto, el cohecho para dar u ofrecer se relaciona con ofrecer o entregar dinero a un servidor público para ciertos fines.
TITULO (RECUADRO)
Tráfico de influencias
Por su parte, el tráfico de influencias tiene que ver con usar las influencias del cargo para obtener beneficios de otro funcionario. El prevaricato por omisión habla de aquel servidor que omita o niegue un acto propio de sus funciones.
También incluiría normas del Código General Disciplinario, como la falta gravísima por comisión de delitos y la violación al régimen de incompatibilidades e imparcialidad. Esto último tiene que ver con prestar asesorías o intermediaciones indebidas valiéndose de su cargo o de relaciones derivadas de este.
Ahora bien, hay una precisión, y es que el hecho de que las conductas sean mencionadas en la denuncia no implica que Fernández haya incurrido en ellas. Concluir si existe, siquiera, mérito para investigar, depende de las autoridades.
Concretamente, la Red pide que se abra la investigación y que se le informe del trámite que se le dé al expediente. Su presidente, Pablo Bustos, habló de su disposición a ampliar la denuncia de ser requerido. Ante eso, la primera decisión está en manos de la Comisión de Acusaciones.
