La tensión vuelve a escalar en Puerto Boyacá, donde la esperanza de tranquilidad tras recientes capturas terminó convertida en incertidumbre y temor. Lo que parecía un avance en la lucha contra el despojo de tierras destapó una realidad más compleja: las amenazas contra el campesinado no han desaparecido y, según denuncias, continúan generando zozobra en la región del Magdalena Medio.
La alerta fue encendida por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien a través de un pronunciamiento público advirtió que, pese a la captura de alias “Don César” y su contador —señalados de liderar el presunto robo de tierras—, las acciones intimidatorias contra líderes campesinos seguirían activas. La advertencia es contundente: el funcionario responsabilizó directamente a estas estructuras de cualquier hecho que pueda ocurrirles a las organizaciones rurales que reclaman sus derechos sobre la tierra.
En las veredas, la percepción es clara: el problema no terminó con las capturas. Campesinos aseguran que el miedo sigue presente y que las presiones continúan, aunque ahora de forma más silenciosa. “Aquí uno siente que lo están vigilando, que reclamar la tierra es meterse en problemas”, relatan habitantes que prefieren no revelar su identidad por seguridad. Esta situación ha llevado a muchos a evitar denunciar o participar en procesos de restitución y formalización.
El caso resulta especialmente delicado porque revive un conflicto histórico en la región: la disputa por la tierra. Durante décadas, el Magdalena Medio ha sido escenario de despojos, violencia y control territorial por parte de actores ilegales. Aunque el contexto actual es distinto, las comunidades sienten que el riesgo persiste y que las garantías de seguridad siguen siendo insuficientes.
Además, la denuncia pone en entredicho la efectividad de los operativos judiciales. Si bien las capturas representan un avance, líderes sociales advierten que podrían existir redes más amplias que continúan operando en la sombra, lo que explicaría por qué la sensación de inseguridad no disminuye.
A esto se suma la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades frente a las nuevas denuncias. Aunque se han anunciado investigaciones, en el territorio crece la percepción de abandono institucional. Las organizaciones campesinas insisten en la necesidad de una presencia más fuerte del Estado, tanto en seguridad como en acompañamiento a los procesos de acceso a la tierra.
El mensaje desde las comunidades es claro: el problema no terminó con las capturas, y el miedo sigue siendo una realidad diaria.
