La representante a la Cámara pidió al Ejecutivo actuar de manera contundente frente a los incendios forestales que afectan varias regiones del país y cuestionó su política de austeridad y lo que calificó como “negacionismo climático”. El pronunciamiento se produce mientras Colombia afronta simultáneamente las consecuencias del terremoto del 10 de agosto y una creciente emergencia por incendios de cobertura vegetal.
Colombia atraviesa una de las coyunturas más complejas de las últimas semanas. Mientras los organismos de emergencia continúan atendiendo las consecuencias del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, varias regiones enfrentan incendios forestales que han puesto en alerta a cientos de municipios.
En medio de este escenario, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, integrante del Pacto Histórico, lanzó un fuerte llamado al Gobierno nacional y cuestionó el rumbo que, según ella, está tomando la administración del presidente Abelardo de la Espriella frente a la crisis ambiental.
La congresista aseguró que espera que el Ejecutivo se concentre en atender los incendios que se registran en diferentes departamentos y aprovechó para cuestionar dos elementos de la nueva administración: lo que denominó “negacionismo climático” y la política de austeridad.
Carrascal sostuvo que ambas posiciones pueden terminar reduciendo la capacidad del Estado para anticiparse y responder a emergencias ambientales. En ese contexto afirmó que estas decisiones representan “un enorme daño” para las instituciones y, según su valoración política, no generan beneficios para la población.
Su pronunciamiento abrió nuevamente el debate sobre el papel que debe desempeñar el Estado frente a los efectos de las altas temperaturas, las temporadas de menos lluvias y los incendios de cobertura vegetal.
¿Qué dijo Mafe Carrascal contra el Gobierno?
El pronunciamiento de Carrascal se produjo a través de sus redes sociales, en medio del aumento de las alertas por incendios forestales.
La representante escribió que esperaba que el Gobierno “se dedique a fondo” a atender los múltiples incendios que golpean actualmente al país. Posteriormente manifestó que tenía poca confianza en que la emergencia llevara al Ejecutivo a modificar su postura frente al cambio climático.
La congresista afirmó:
“Espero también, aunque confieso que tengo poca confianza, que una crisis como esta los obligue a abandonar de una vez su negacionismo climático irracional y su doctrina de austeridad extrema”.
Después explicó el argumento central de su crítica: desde su perspectiva, tanto el negacionismo climático como una reducción excesiva de las capacidades estatales pueden afectar la preparación institucional ante este tipo de fenómenos.
“Ambas cosas debilitan la capacidad del Estado para prevenir y responder a estas emergencias, le hacen un enorme daño a nuestras instituciones y no le traen ningún beneficio al pueblo colombiano”, sostuvo.
Por lo tanto, el cuestionamiento de Carrascal no se limitó a pedir una reacción inmediata ante los incendios. También planteó una discusión más amplia sobre la política ambiental y fiscal del nuevo Gobierno.
Es importante precisar que expresiones como “negacionismo climático” corresponden a la valoración política de Carrascal y no constituyen una conclusión oficial de las autoridades ambientales sobre el Gobierno de De la Espriella.
Colombia enfrenta una nueva emergencia mientras todavía atiende el terremoto
El pronunciamiento de la congresista ocurre en un momento especialmente delicado.
El terremoto del 10 de agosto de 2026 provocó una emergencia de gran magnitud en el occidente y centro del país. Mientras continúan las labores de recuperación, atención humanitaria y reconstrucción, los incendios forestales representan un segundo frente para los organismos de gestión del riesgo.
De acuerdo con el balance citado por Infobae, para el 13 de agosto se contabilizaban 36 incendios forestales activos, mientras otros 45 habían sido liquidados. La superficie afectada por estos eventos alcanzaba aproximadamente 1.195 hectáreas de cobertura vegetal.
La situación era particularmente delicada en Tolima y Quindío, dos departamentos que, además, han tenido que afrontar las consecuencias del terremoto.
Esto significa que algunas comunidades y autoridades locales están enfrentando simultáneamente daños derivados del movimiento sísmico y emergencias relacionadas con el fuego.
La combinación de ambos fenómenos incrementa la presión sobre los organismos de socorro, las autoridades territoriales y las instituciones encargadas de la gestión del riesgo.
339 municipios estaban en alerta roja por incendios
La preocupación no se limita a los incendios que ya se encontraban activos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, mantenía para el 13 de agosto una alerta roja por riesgo de incendios de cobertura vegetal en 339 municipios del país.
Entre los departamentos con mayor cantidad de municipios bajo esta alerta se encontraban:
- Cundinamarca: 78 municipios.
- Tolima: 46 municipios.
- Nariño: 31 municipios.
- Cauca: 30 municipios.
- Antioquia: 23 municipios.
- Norte de Santander: 23 municipios.
La alerta roja del Ideam no significa que todos esos municipios estén sufriendo incendios simultáneamente. Se trata de una clasificación de riesgo que busca advertir sobre la posibilidad de que se presenten incendios de cobertura vegetal y permitir que las autoridades activen medidas preventivas y de respuesta.
El Ideam construye sus pronósticos teniendo en cuenta variables como las precipitaciones acumuladas, las temperaturas máximas y las condiciones meteorológicas previstas.
Tolima, uno de los departamentos más afectados
Tolima aparece como uno de los territorios más golpeados por la emergencia.
De acuerdo con el balance oficial de la UNGRD publicado el 6 de agosto, entre el 16 de junio y esa fecha se habían registrado 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos, con una afectación acumulada aproximada de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal.
En ese balance, Tolima concentraba el mayor número de eventos, con 140 incendios en 38 municipios, seguido por Cundinamarca, con 89 incendios en 32 municipios, y Valle del Cauca, con 43 incendios en 21 municipios.
La misma entidad informó que, para el 6 de agosto, había nueve incendios activos, cuatro de ellos controlados, y que durante los siete días anteriores se habían liquidado 98 conflagraciones.
Las cifras muestran que la emergencia no comenzó con el terremoto ni con el pronunciamiento de Carrascal. Los incendios ya venían presentándose desde semanas atrás y formaban parte de un escenario de riesgo relacionado con la temporada de menos lluvias y las condiciones climáticas.
El Gobierno ya había declarado una situación de desastre nacional
Un elemento importante para entender el debate es que la administración nacional ya había adoptado medidas relacionadas con el riesgo de incendios antes de que Carrascal realizara su crítica.
La UNGRD informó que el Gobierno había declarado mediante el Decreto 802 del 23 de julio de 2026 una situación de desastre de carácter nacional durante 12 meses para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.
En ese marco, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres venían coordinando labores de preparación, monitoreo y respuesta.
Además, en Tolima se habían desplegado organismos como los bomberos, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Esta última había utilizado un helicóptero equipado con un sistema Bambi Bucket para apoyar las labores de extinción.
Este antecedente es relevante porque permite poner en contexto la acusación de Carrascal: su crítica no significa que el Gobierno haya permanecido completamente inactivo frente a los incendios.
Lo que cuestiona la congresista es si las capacidades institucionales y los recursos destinados a enfrentar estas emergencias son suficientes y si la orientación política del nuevo Ejecutivo puede afectar la prevención y respuesta a largo plazo.
La austeridad de Abelardo de la Espriella, en el centro de la discusión
La referencia de Carrascal a la “austeridad extrema” tiene relación directa con una de las principales banderas económicas con las que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia.
El nuevo Gobierno ha planteado una reducción del gasto público como parte de su estrategia para enfrentar la situación fiscal del país.
De la Espriella anunció desde los primeros días de su administración medidas encaminadas a congelar o reducir determinados gastos del Estado. El mandatario ha defendido la necesidad de ordenar las finanzas públicas y ha sostenido que la austeridad no debe afectar a los sectores más vulnerables.
Ese planteamiento genera una discusión particularmente sensible cuando se habla de gestión del riesgo.
La pregunta que queda sobre la mesa es cómo puede el Estado reducir gastos y, al mismo tiempo, mantener o aumentar su capacidad para enfrentar incendios, inundaciones, terremotos, sequías y otros fenómenos asociados a amenazas naturales y climáticas.
Para Carrascal, ambas cosas pueden entrar en conflicto si los recortes terminan afectando la capacidad operativa de las instituciones.
La crítica de Carrascal no implica que los incendios hayan sido provocados por el Gobierno
Este punto es fundamental para comprender correctamente la noticia.
Los incendios forestales no comenzaron como consecuencia de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Los registros oficiales muestran que durante junio y julio ya se habían producido cientos de incendios y miles de hectáreas afectadas.
Además, los incendios forestales tienen múltiples causas y factores de propagación. Las condiciones de temperatura, humedad, disponibilidad de vegetación seca, vientos y actividades humanas pueden influir en su aparición y expansión.
Por ello, atribuir directamente los incendios al nuevo Gobierno sería incorrecto.
Lo que existe es una controversia política sobre la forma en que el Ejecutivo debe responder a la emergencia y sobre la prioridad que debe otorgarse a las políticas ambientales y de gestión del riesgo.
Carrascal sostiene que una política de austeridad demasiado fuerte puede debilitar la capacidad estatal. El Gobierno, por su parte, ha defendido la necesidad de reducir el gasto y reorganizar las finanzas públicas.
Una emergencia que también pone a prueba al nuevo Gobierno
La coyuntura tiene una particularidad: Abelardo de la Espriella apenas llevaba pocos días en la Presidencia cuando el país tuvo que afrontar el terremoto y, paralelamente, una nueva escalada de incendios forestales.
El mandatario asumió el cargo el 7 de agosto de 2026 y rápidamente tuvo que concentrar buena parte de su agenda en la emergencia sísmica.
El terremoto modificó las prioridades inmediatas de la nueva administración y obligó al Gobierno a movilizar recursos y funcionarios para atender las zonas afectadas.
Ahora, la aparición de múltiples incendios representa un desafío adicional para un Ejecutivo que apenas comienza a consolidar su estructura institucional.
En ese escenario, la crítica de Carrascal adquiere una dimensión política mayor: plantea que la capacidad de respuesta ante las emergencias debe considerarse una prioridad de Estado y no simplemente un gasto que pueda reducirse dentro de un programa de austeridad.
El debate ambiental va más allá de los incendios
La discusión también se conecta con el debate que acompañó la campaña presidencial de 2026.
El cambio climático, la deforestación, la protección de los bosques, la política energética y la adaptación de Colombia a fenómenos climáticos extremos estuvieron entre los asuntos discutidos durante la campaña electoral.
Antes de asumir el poder, De la Espriella definió su propuesta ambiental dentro de un enfoque que también contemplaba seguridad, desarrollo económico y aprovechamiento de los recursos naturales.
Su Gobierno designó además a Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Arjona es biólogo marino y cuenta con experiencia en conservación y gestión ambiental.
Por esta razón, todavía resulta prematuro evaluar de manera definitiva la política ambiental del nuevo Gobierno. La administración apenas comenzó y muchas de sus políticas todavía están en proceso de implementación.
La crítica de Carrascal, sin embargo, refleja el enfrentamiento político entre dos visiones distintas sobre las prioridades del Estado: mientras el Gobierno pone el énfasis en la disciplina fiscal y la reducción del gasto, sectores de la oposición y del Pacto Histórico reclaman mayores recursos y capacidades para enfrentar la crisis climática y ambiental.
¿Qué viene ahora para Colombia?
Más allá de la disputa política, el desafío inmediato es controlar los incendios que permanecen activos y reducir la posibilidad de nuevos focos.
Las autoridades han insistido en la necesidad de evitar quemas, reportar rápidamente las columnas de humo y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.
El Ideam continúa realizando el monitoreo de las condiciones que favorecen los incendios, mientras las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tienen a su cargo las labores de atención directa.
La emergencia también obliga a las autoridades a pensar en el mediano y largo plazo. Colombia enfrenta temporadas de altas temperaturas y periodos de menor precipitación que pueden aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas.
En ese sentido, la prevención resulta tan importante como la reacción frente al fuego.
Un choque político en medio de una emergencia nacional
El pronunciamiento de Mafe Carrascal pone nuevamente sobre la mesa una discusión que probablemente acompañará al gobierno de Abelardo de la Espriella durante los próximos meses: hasta dónde puede llegar la austeridad estatal sin afectar las capacidades esenciales del Estado.
La representante del Pacto Histórico sostiene que reducir las capacidades institucionales frente a la crisis climática puede generar consecuencias negativas para el país y cuestiona lo que denomina “negacionismo climático”.
Sin embargo, los datos oficiales muestran que el Gobierno sí ha activado mecanismos de gestión del riesgo y que los incendios vienen presentándose desde antes de la posesión del nuevo mandatario.
Por ahora, el debate continúa abierto.
Mientras los organismos de socorro combaten las llamas y cientos de municipios permanecen bajo alerta, el nuevo Gobierno tendrá que demostrar si su promesa de austeridad puede convivir con una respuesta sólida frente a las emergencias ambientales.
La magnitud de los incendios, sumada a la crisis provocada por el terremoto, convierte esta situación en una de las primeras grandes pruebas de capacidad institucional para la administración de Abelardo de la Espriella.
