Por: Carlos Santa María
La reciente información sobre las compras de Presidencia cercanos a 175 millones de pesos gastados en televisor, sábanas, cama y otros, puede dar lugar a una propaganda contra el gobierno más allá de la búsqueda explicativa de los hechos.
Es decir, una situación correcta es que los medios de comunicación muestren a la opinión pública lo que se supone una contradicción entre un discurso que sugiere la austeridad y, a su vez, en lo suntuario se derroche de modo erróneo pese a las difíciles condiciones que sufre la población y el país.
Sin embargo, la denuncia debe tener también una rigurosidad para demostrar la ética de los medios. Esto significa que antes de culpar se exige una explicación que pruebe el deseo de esquilmar los recursos del Estado. Sin ello, hay una acusación preliminar con el método de esgrimir sentimientos ocultos en la supuesta moral defendida. Esto implica una seria reflexión.
Cuando en una región la información tiene tanta importancia y credibilidad, si no es utilizada para el bien puede destruir personas, reputaciones, familias».
Baste recordar la propaganda criminal desde la primera ministra de Gran Bretaña quien, además de declararse sionista y admiradora de la ocupación de Palestina, culpó a la República soberana de Irán del asesinato de una joven de 22 años por parte de la policía siendo absolutamente falso. La muerte de setenta personas por los alborotadores con herramientas propias del terrorismo estimulados desde una nación extranjera y sus autoridades es un modus operandi antidemocrático.
Destacando la investigación como constructiva por quien la realice, hay que señalar que muchas veces la información se puede centrar en lo mínimo para ocultar lo máximo permitiendo olvidar hechos tan graves como lo referente a 70.000 millones que se esfumaron del presupuesto nacional y es olvidado sin pudor. Lo justo es equilibrado.
Cuando en una región la información tiene tanta importancia y credibilidad, si no es utilizada para el bien puede destruir personas, reputaciones, familias, por lo cual es fundamental la denuncia unida a las pruebas concretas, para que la parte enjuiciada posea también el derecho a su defensa pública. Eso es lo correcto, lógico y razonable.
