El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel tres de advertencia, recomendando “reconsiderar el viaje” al país por delincuencia, terrorismo, disturbios civiles, secuestro y desastres naturales. En ese marco, la guía vigente señala que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Arauca, Cauca —excepto Popayán—, Valle del Cauca —excepto Cali— y Norte de Santander, con la instrucción categórica de “no viaje a estas zonas por ningún motivo”.
La alerta se reforzó tras los 26 ataques registrados el fin de semana del 25 de abril en corredores de transporte y estaciones de policía, que dejaron al menos 20 muertos. El hecho más grave ocurrió en Cajibío, Cauca, donde un artefacto explosivo contra vehículos civiles provocó una masacre atribuida a disidencias de las FARC.
En medio del dolor y la indignación, las autoridades locales respondieron con gestos de duelo y llamados a la unidad. La Gobernación del Cauca decretó tres días de luto departamental, izando banderas a media asta y calificando los atentados como “atroces e injustificables”. En el Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro expresó respeto por las medidas de protección de un país aliado, pero insistió en que no se debe estigmatizar a la región, recordando que la violencia no define la identidad cultural ni social del territorio.
La molestia es palpable: mientras Washington emite advertencias que refuerzan la imagen de inseguridad, las comunidades reclaman apoyo real y sostenido. Los “gringos” señalan con dureza, pero no ofrecen el respaldo que se necesita en el terreno. La gobernadora anunció una inversión de 70.000 millones de pesos en tecnología y seguridad, mientras Cali ofreció recompensas por los responsables de los atentados.
El suroccidente colombiano enfrenta una crisis compleja, y la exigencia es clara: menos advertencias externas y más acciones efectivas contra la violencia que golpea a diario.
