En la semana que acaba de terminar, los nariñenses volvimos a sufrir la tortura de los bloqueos en las vías, una situación que como siempre lo hemos dicho, a través de la historia, le ha causado cuantiosos daños económicos a nuestro departamento y su gente.
No terminamos de entender cómo es posible que se haya vuelto una detestable costumbre, el que cada vez que se presenta un conflicto en nuestro país, el único mecanismo de presión en busca de un arreglo, es el bloqueo de las vías.
Esto no tiene presentación. No es posible que se permita esa permanente amenaza contra nuestras vías, representada en esos bloqueos que se dan en las principales carreteras del paìs, como es el caso de la Panamericana.
Nosotros entendemos perfectamente que todos los colombianos tenemos el derecho a la protesta. Así lo contempla la Constitución Nacional, pero ello no quiere decir que cada vez que se necesita llamar la atención del Gobierno se proceda a cerrar las vías, algo que se ha vuelto una costumbre que, en el caso de Nariño, además de dejar al departamento incomunicado con el resto del paìs, nos ha hecho perder miles de millones de pesos.
Lo cierto es que hace rato este tema del bloqueo de las vías, al menor asomo de conflicto, pasó de “castaño a oscuro”, para desesperación de millones de colombianos, quienes ven como sin tener nada que ver en las problemáticas que dan lugar a las protestas, resultan siendo los más perjudicados, como se observa con claridad en el caso de nuestro departamento de Nariño.
Por ello, hoy nos llama poderosamente la atención, la iniciativa del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, quien acaba de presentar en el Congreso de la República un proyecto de ley, mediante el cual busca tomar severas acciones en contra de las personas que promuevan los cierres y bloqueos en las principales vías del país, hechos que han tenido efectos desastrosos en Nariño, así como en el vecino departamento del Cauca.
En este sentido tendríamos que decir que Colombia no es el único paìs de Latinoamérica, que busca proyectos de ley, para que no se sigan bloqueando las vías de manera tal alegre, sin tomar en cuenta los enormes daños económicos que conllevan estas acciones.
En efecto, en Bolivia, los empresarios de ese paìs se unieron y elaboraron un proyecto de ley, para penalizar esa medida de protesta, al hacer cuentas de los miles de cierres de vías, que se han presentado a lo largo del tiempo, en especial en los últimos tres años y, sobre todo, asustados por las gigantescas sumas de dinero que se perdieron.
Volviendo a Colombia y al departamento de Nariño, tenemos que, en ese sentido, la historia es muy parecida a la de Bolivia: cantidades de cierres de vías e incalculables perdidas económicas. Además, no hay derecho, como más de una vez ha ocurrido en Colombia a que personas que eran trasladadas en ambulancias, puesto que su estado de salud así lo requería, hayan perdido la vida, al haberse quedado trancados en la mitad de la vía, sin poder recibir la atención medica que necesitaban con urgencia, lo que en sí podría tipificar un homicidio culposo.
Pero, qué decir, también de los miles de viajeros a quienes también les urge viajar y no lo pueden hacer a consecuencia de los bloqueos, dando lugar también a enormes perjuicios. Por ahora surge la luz al final del túnel, con el proyecto del congresista, Christian Garcés, el cual estamos seguros, representa el sentir de un paìs, ante los ilegales cierres en las vías.