En su alocución del 23 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria de emergencia económica con base en un diagnóstico macroeconómico y fiscal que, según explicó, va más allá de un problema de liquidez inmediata. Para el mandatario, el núcleo del problema es la sostenibilidad de la deuda pública, que se vuelve crítica cuando el país mantiene un déficit primario al mismo tiempo que enfrenta tasas de interés reales elevadas, superiores al crecimiento real de la economía.
Petro sostuvo que la emergencia económica no es una medida coyuntural ni improvisada, sino una herramienta preventiva para evitar que la presión fiscal derive en una crisis estructural mayor. En ese sentido, afirmó que cuando la tasa de interés real supera la tasa de crecimiento económico y persiste el déficit primario, la deuda entra en una senda “insostenible” que conduce al país a un “abismo”. Esa ecuación, dijo, es la base técnica que justifica el decreto de emergencia.
Durante su intervención, el Presidente hizo un recorrido por el desempeño económico de Colombia en los últimos años. Recordó la caída del PIB del -7,2 % en 2020, que atribuyó a un mal manejo económico durante la pandemia, criticando que los recursos públicos se destinaran principalmente a grandes empresas mientras muchas pymes quebraron. Según Petro, esa política dejó un endeudamiento elevado que hoy sigue pagando su gobierno.
Posteriormente, destacó la recuperación de 2021 (10,8 %) y 2022 (7,3 %), asociada a la reapertura económica, y reconoció una desaceleración fuerte en 2023 (0,7 %). No obstante, afirmó que desde entonces se registra una recuperación gradual, con crecimientos de 1,6 % en 2024 y 2,7 % en 2025, cifras que, según dijo, ubican a Colombia como la cuarta economía con mejor desempeño dentro de la OCDE en 2025.
Para el mandatario, esta recuperación responde a un nuevo modelo económico, centrado en la generación de empleo productivo y no en la dependencia de los altos precios internacionales del petróleo. Aunque defendió el papel de Ecopetrol como sustento de la economía nacional, insistió en que debe avanzar hacia la transición energética y el desarrollo de energías limpias, señalando que la continuidad del modelo dependerá de una decisión ciudadana.
En materia fiscal, Petro explicó que el gran objetivo del Gobierno es retornar al superávit fiscal, algo que, según afirmó, no se logra desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Señaló que ese propósito se intentó con la reforma tributaria presentada durante la gestión del exministro José Antonio Ocampo, pero que fue parcialmente tumbada por la Corte Constitucional y, posteriormente, bloqueada por el Congreso, que hundió dos veces la Ley de Financiamiento.
El Presidente detalló la evolución de la relación entre ingresos tributarios y gasto fiscal. Indicó que entre 2021 y 2023 los ingresos se mantuvieron por encima del gasto, lo que permitía atender la deuda. Sin embargo, en 2024 se produjo una caída de -12,2 % en los ingresos tributarios, mientras el gasto creció 0,6 %, situación que atribuyó al adelanto de impuestos decidido por Ocampo y al pago del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Según Petro, este desequilibrio se corrigió en 2025, cuando los ingresos crecieron 10,8 %, frente a un gasto del 5,9 %.
Aun así, advirtió que el problema central sigue siendo el peso de los intereses de la deuda, un factor que no siempre es visible en las cifras más inmediatas pero que determina la sostenibilidad fiscal. Reiteró que, mientras exista déficit primario y tasas de interés reales altas, la deuda seguirá creciendo de forma peligrosa, lo que refuerza la necesidad de la emergencia económica.
En su discurso, Petro lanzó una crítica política al Congreso, al que acusó de legislar en favor de los megarricos, que, según dijo, representan menos del 0,5 % de la población. Afirmó que este sector es propietario de gran parte de los TES y se beneficia directamente de las altas tasas de interés reales, incrementando sus utilidades a costa del endeudamiento del Estado.
En la parte final de la alocución, el Presidente presentó las medidas impositivas proyectadas para 2026, enfocadas en los grandes capitales. En materia de patrimonio, propuso reducir el umbral del impuesto de 72.000 a 40.000 UVT y aumentar las tarifas para los patrimonios más altos, con una tasa marginal de hasta el 5 %. También anunció una sobretasa de 15 puntos al sector financiero, que llevaría la tarifa total al 50 %, y un esquema de normalización de patrimonios con una tarifa del 19 %.
Según las estimaciones presentadas, el conjunto de estas medidas permitiría recaudar más de 3,6 billones de pesos en 2026, dentro de una necesidad total de 16 billones que el Gobierno requiere para estabilizar las finanzas públicas. Petro aseguró que no se realizarán recortes en educación ni salud, argumentando que el gasto social no puede disminuir porque la Constitución ordena su crecimiento y que el Gobierno ya realizó los ajustes presupuestales posibles.
Finalmente, el Presidente informó que, una vez finalice la vigencia de la emergencia económica, el Gobierno convocará al Congreso para que ejerza control político sobre las medidas adoptadas. Por su parte, la Corte Constitucional anunció que revisará la constitucionalidad del decreto el próximo 13 de enero, lo que definirá el futuro jurídico de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo.