La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por
$268.958.715 a varios exfuncionarios de la Alcaldía de Mapiripán, por presuntas
irregularidades en el contrato de mantenimiento y adecuación del puente sobre el
caño Tigre. Entre los implicados aparece Augusto Alejandro Aponte Pinzón, actual
gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), lo
que ha generado gran interés en la capital del departamento.
Radicado
El proceso, identificado con el radicado PRF-80503-2022-40912, se originó a partir
de los hallazgos de una auditoría que revisó la ejecución de la obra contratada en
2019 por un valor inicial de $416 millones, la cual posteriormente tuvo adiciones
que elevaron su costo hasta los $483 millones. Según el informe técnico, se
detectó que el concreto utilizado en los estribos y en el tablero del puente presentó
baja resistencia, incumpliendo los estándares de la norma sismorresistente NSR-
10 y las especificaciones contractuales exigidas para garantizar la seguridad
estructural.
En ese momento, Aponte se desempeñaba como secretario de Desarrollo y
Proyección Social del municipio de Mapiripán, cargo que ocupó entre enero y julio
de 2020. Durante ese periodo, ejerció además como supervisor del contrato
cuestionado, lo que lo vincula de manera directa al proceso de responsabilidad
fiscal.
Contraloría
La Contraloría determinó que las deficiencias técnicas representaron un presunto
detrimento patrimonial superior a los 268 millones de pesos, suma que ahora
deberán responder solidariamente los exfuncionarios investigados si, en el fallo
final, se confirma la responsabilidad.
Este caso ha generado una atención especial en Villavicencio, ya que Aponte
Pinzón dirige actualmente la EAAV, una de las entidades más estratégicas de la
ciudad, encargada de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para
más de medio millón de habitantes. Sectores políticos y sociales han manifestado
inquietud sobre las implicaciones que tendría este proceso en la gestión de la
empresa y en la confianza de los usuarios.
La Contraloría aclaró que, por ahora, se trata de una imputación provisional de
responsabilidad fiscal, y que los investigados podrán presentar sus descargos y
aportar pruebas dentro del proceso. Solo hasta el fallo definitivo se sabrá si el
presunto detrimento se confirma y si los exfuncionarios, incluido Aponte, deberán
reintegrar el dinero.