Paciente con leucemia murió tras meses sin tratamiento oportuno.
Redacción Extra
El fallecimiento de Jeisson Javier Pinzón, joven paciente diagnosticado con leucemia y afiliado a Nueva EPS, ha reabierto el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud en Colombia, especialmente en lo relacionado con la oportunidad en la prestación de servicios para enfermedades de alto costo.
De acuerdo con información suministrada por familiares, el paciente llevaba varios meses a la espera de un tratamiento especializado requerido tras una recaída de su enfermedad. Desde octubre de 2025 se habrían adelantado diferentes acciones legales, entre ellas una acción de tutela, así como incidentes de desacato ante el presunto incumplimiento de órdenes judiciales. Sin embargo, el procedimiento médico no se habría materializado en los tiempos requeridos.
Adicionalmente, la familia había iniciado gestiones para un posible trasplante, en el que su hermana se perfilaba como donante compatible, lo que representaba una alternativa terapéutica clave en medio de la evolución de la enfermedad. No obstante, este proceso tampoco habría avanzado con la celeridad requerida dentro del sistema.
Este caso pone de relieve la aplicación del derecho fundamental a la salud, consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que establece la obligación del Estado y de las entidades promotoras de salud de garantizar el acceso oportuno, eficaz y de calidad a los servicios médicos. En ese sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, tratándose de enfermedades graves, la demora injustificada en la prestación de servicios puede constituir una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.
Desde el punto de vista jurídico, el eventual incumplimiento de fallos de tutela puede acarrear sanciones por desacato, incluyendo multas y arresto para los responsables. Adicionalmente, podrían derivarse responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales si se determina que existió negligencia o conducta omisiva por parte de funcionarios o entidades encargadas de garantizar la atención.
El caso de Pinzón no sería un hecho aislado. Organizaciones de pacientes han advertido sobre múltiples situaciones similares en el país, en las que usuarios del sistema, particularmente con diagnósticos oncológicos, enfrentan barreras administrativas, demoras en autorizaciones y dificultades en la entrega de medicamentos.
Por su parte, Nueva EPS, actualmente bajo medida de intervención estatal, ha sido objeto de seguimiento por parte de organismos de control debido a problemas financieros y operativos que podrían estar impactando la prestación del servicio a sus afiliados.
Expertos en derecho en salud señalan que estos casos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales, así como de adoptar medidas estructurales que prioricen la vida y la continuidad de los tratamientos médicos.
Mientras tanto, el fallecimiento de este joven paciente se suma a una serie de hechos que continúan generando cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de salud para responder de manera oportuna a las necesidades de los ciudadanos, en especial de aquellos que enfrentan enfermedades de alta complejidad.
