El Juzgado Primero Penal del Circuito de Guadalajara de Buga emitió una de las decisiones judiciales más contundentes en el Valle del Cauca al condenar a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, hallado responsable como determinador de la masacre ocurrida en la finca Santa Marta, ubicada en el sector de Cerro Rico.
En el hecho fueron asesinados cinco jóvenes: Jacobo Alberto Pérez Vásquez, Sara María García Rodríguez, Juan Pablo Marín Pérez, Nicolás Suárez Valencia y Valentina Arias González. Además, dos personas resultaron gravemente heridas, lo que incrementó la magnitud del crimen y el impacto en la comunidad.
Uno de los aspectos más dolorosos del proceso fue establecer que Guerrero Gil no era un desconocido para la familia Pérez. Durante años se desempeñó como conductor y empleado de confianza del empresario Wilson Pérez, propietario de la finca y padre de una de las víctimas. Su cercanía con la familia le permitió acceso permanente a la vivienda, conocimiento de las rutinas y una relación de amistad que generaba plena confianza. “Era como de la casa”, expresó Wilson Pérez en su testimonio, reflejando la dimensión de la traición que marcó este caso.
La investigación de la Fiscalía determinó que Guerrero Gil contactó a integrantes del GAOR Adán Izquierdo para organizar el secuestro de uno de los hijos del empresario y exigir una millonaria suma de dinero. El plan derivó en una masacre que estremeció a Buga y al país, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.
El momento más emotivo de la audiencia se produjo cuando Ángela de Pérez, madre de Jacobo Alberto Pérez Vásquez, se dirigió al condenado. Recordó que en el cumpleaños número 18 de su hijo, Jacobo lo llamó para tomarse una fotografía junto a él y le dijo: “William, venga… venga a tomarse la foto conmigo. Tú eres de la familia.” Esa imagen se convirtió en la última fotografía en la que aparecen juntos. Entre lágrimas, la madre expresó: “Jacobo te quería, William. Te respetaba. Confiaba en ti. Lo que más duele es saber que todo este dolor viene de alguien a quien él quería.” Y agregó: “No destruiste una vida. Destruiste cinco familias.” Sus palabras conmovieron a los asistentes y evidenciaron la profundidad de la herida causada por la traición.
La sentencia de 60 años representa un fallo ejemplar frente a la gravedad de los hechos. Sin embargo, para las familias de las víctimas, ninguna condena podrá reparar la pérdida ni devolverles a sus hijos. “Hoy hubo justicia… pero nuestros hijos no volverán”, expresó una de las madres al salir del juzgado, reflejando la mezcla de alivio y dolor que acompaña la decisión judicial.
La masacre en la finca Santa Marta se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan las familias frente a la violencia y la traición. El fallo judicial marca un precedente en la lucha contra los crímenes que atentan contra la vida, pero también deja claro que la justicia, aunque necesaria, no logra ofrecer consuelo a quienes han perdido lo más valioso.
