- La Defensoría advierte sobre graves afectaciones a la población civil derivadas del conflicto armado, el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades y otros riesgos humanitarios.
- Solicita una respuesta coordinada de las entidades del Estado para proteger a las comunidades afectadas.
- Hace énfasis en la situación de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población rural, que suelen sufrir impactos desproporcionados.
- También alerta sobre los efectos combinados de la violencia y factores ambientales que agravan la vulnerabilidad de la población.
La preocupación de la Defensoría es consistente con otros informes recientes de la entidad. En mayo de 2026 reportó que más de 54.000 personas habían sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en Colombia durante el año, incluyendo comunidades del Pacífico nariñense, y señaló que la erosión costera y la persistencia del conflicto estaban generando nuevas emergencias humanitarias.
Asimismo, la Defensoría ha emitido alertas específicas para municipios de Nariño por confrontaciones entre grupos armados, desplazamientos masivos, riesgos de reclutamiento de menores y uso de explosivos, lo que muestra que la situación humanitaria en el departamento sigue siendo motivo de preocupación institucional.
En resumen, el comunicado no anuncia una medida nueva del Gobierno ni una declaratoria especial; es una advertencia oficial de la Defensoría del Pueblo para que las autoridades actúen frente a una situación que considera grave en la frontera colombo-ecuatoriana y en el litoral pacífico de Nariño.
