A medida que Colombia se acerca a una nueva jornada electoral, el país entero entra en un momento decisivo que exige altura, responsabilidad y compromiso ciudadano. En el departamento de Nariño, particularmente en Pasto y en varias zonas del territorio, se han venido registrando hechos que generan profunda preocupación: actos de vandalismo contra sedes políticas, daños a la propaganda de distintos candidatos, así como insultos y agresiones verbales que nada aportan al debate democrático. Estos comportamientos no solo afectan a quienes participan directamente en la contienda electoral, sino que erosionan los cimientos mismos de nuestra democracia.
Las elecciones al Congreso de la República y las presidenciales no son un trámite menor ni un simple pulso entre sectores políticos. Se trata de decisiones trascendentales que marcarán el rumbo institucional, económico y social del país en los próximos años. Por ello, resulta inadmisible que este proceso se vea empañado por la intolerancia, la violencia simbólica o física, y la descalificación personal. Cuando se destruye una sede política o se arranca un afiche, no se está atacando únicamente a un candidato: se está atentando contra el derecho de todos los ciudadanos a elegir y a ser elegidos en un ambiente de garantías.
Nariño ha sido históricamente un territorio de pensamiento crítico, participación activa y profundas convicciones democráticas. Esa tradición no puede ponerse en riesgo por acciones impulsivas o por el afán de imponer una visión política mediante la agresión. La democracia se fortalece con argumentos, con ideas, con propuestas claras para resolver los problemas de la gente, no con insultos ni con actos vandálicos que solo generan miedo y polarización. Por lo tanto, siempre rechazaremos esta clase de acciones que contribuyen a desdibujar nuestra democracia y a generar un halo de incertidumbre, en nuestros procesos electorales.
Es comprensible que en épocas electorales las pasiones se intensifiquen. Las diferencias ideológicas son naturales y necesarias en una sociedad plural. Sin embargo, la línea entre la confrontación política legítima y la violencia no puede cruzarse. Cuando el debate se convierte en agresión, todos perdemos: pierde la ciudadanía, pierden las instituciones y pierde la posibilidad de construir consensos mínimos para el bienestar colectivo.
Este editorial es un llamado a la cordura, especialmente dirigido a líderes políticos, campañas, simpatizantes y ciudadanía en general. Es momento de bajar el tono, de rechazar de manera categórica cualquier forma de violencia y de asumir un compromiso ético con la democracia. Los candidatos tienen la responsabilidad de enviar mensajes claros a sus seguidores, promoviendo el respeto por el adversario y el cuidado de los espacios públicos y privados. Las autoridades, por su parte, deben garantizar la seguridad y actuar con firmeza frente a quienes pretendan sabotear el proceso electoral.
La democracia no se defiende solo el día de las elecciones; se construye día a día con actitudes responsables. Permitir que la intimidación y el vandalismo se normalicen es abrir la puerta a escenarios que el país ya ha sufrido y que no desea repetir. Colombia necesita elecciones libres, transparentes y pacíficas, donde las diferencias se tramiten con palabras y no con agresiones.
Que Nariño y Pasto sean ejemplo de civismo y madurez política. Que esta contienda electoral sea recordada por la participación consciente y el debate de ideas, no por los actos de intolerancia. El futuro del país está en juego, y cuidarlo es una responsabilidad compartida que exige respeto, sensatez y compromiso democrático.
