Un sector del partido busca blindarse legalmente contra posibles sanciones por doble militancia, argumentando diferencias éticas irreconciliables con la plataforma del Pacto Histórico y la gestión del gobierno actual.
La unidad interna del Partido Alianza Verde atraviesa una crisis profunda tras la decisión institucional de respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Este lunes, un grupo de figuras representativas de la colectividad, entre las que destacan la representante Catherine Juvinao y el concejal de Bogotá Julián Sastoque, radicaron formalmente un documento de objeción de conciencia. El recurso busca no sólo ratificar su independencia frente a la línea oficialista, sino también proteger sus curules ante eventuales procesos disciplinarios o demandas por doble militancia.
El desacuerdo de este sector, que se identifica con las aspiraciones de figuras como la exalcaldesa Claudia López y el exgobernador Sergio Fajardo, se fundamenta en la ausencia de compromisos programáticos claros por parte del candidato del Pacto Histórico. Según los firmantes, el partido omitió exigir a Cepeda una garantía explícita de respeto a la Constitución de 1991, ante las recientes propuestas de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que han surgido desde sectores gubernamentales.
La resistencia de los asambleístas y congresistas «disidentes» también se nutre de una crítica severa a la actual administración nacional. En el documento presentado ante la dirección verde, se exponen preocupaciones éticas sobre el manejo de la política de Paz Total, los recientes escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la crisis que enfrenta el sistema de salud. Para este grupo, apoyar la continuidad de este proyecto político resulta incompatible con los principios fundacionales de su colectividad.
Por su parte, la dirigencia mayoritaria del partido, encabezada por sectores afines al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sostiene que la decisión de apoyar a Cepeda fue el resultado de un proceso democrático interno que debe ser acatado por todos los militantes. Carolina Espitia, copresidenta de la formación, advirtió que quienes se aparten de la directriz institucional podrían enfrentarse a las sanciones estipuladas en los estatutos. No obstante, los objetores apelan al Artículo 18 de la Constitución Política y a precedentes del Tribunal Superior Administrativo para defender su derecho a disentir por razones éticas.
