El Departamento de Energía Atómica de India (DAE) puso en consulta pública un conjunto de reglas y regulaciones destinadas a desarrollar la Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act, 2025 (SHANTI Act), una legislación que reorganiza de manera profunda el marco jurídico de la energía nuclear civil del país.
Uno de los puntos que más atención ha generado es la propuesta de establecer una revisión de los límites máximos de responsabilidad civil de los operadores nucleares cada cinco años. El mecanismo estaría a cargo de un grupo de expertos en áreas como ingeniería y ciencia nuclear, actuaría, seguros y derecho, además de representantes del interés público.
La propuesta llega en un momento especialmente importante para India, que busca ampliar de forma considerable su capacidad nuclear y abrir el sector a una mayor participación privada y extranjera. Al mismo tiempo, el régimen de responsabilidad previsto por la nueva ley enfrenta cuestionamientos ante la Corte Suprema india por las consecuencias que podría tener para las víctimas de un eventual accidente.
¿Qué está proponiendo exactamente India?
El 14 de agosto de 2026, el Departamento de Energía Atómica publicó los proyectos de las reglas y regulaciones destinadas a implementar la Ley SHANTI y abrió un proceso de consulta pública.
De acuerdo con el DAE, organizaciones, empresas, instituciones académicas, expertos y ciudadanos pueden presentar observaciones sobre los documentos. El plazo establecido para enviar comentarios vence a las 8:00 p. m. del 4 de septiembre de 2026. Después de recibir las propuestas, el Gobierno podrá considerar modificaciones antes de finalizar las reglas.
Dentro de este paquete aparece la Regla 78, que contempla la creación de un grupo de expertos para evaluar periódicamente los límites máximos de responsabilidad civil de los operadores por daños nucleares.
La idea central es que esos límites no permanezcan congelados durante décadas mientras cambian factores como el tamaño de los reactores, la tecnología, los costos de seguros, la inflación y la escala del programa nuclear indio. El grupo podría recomendar modificaciones al Segundo Anexo de la Ley SHANTI, donde están establecidos los diferentes topes de responsabilidad.
La revisión no significa que los límites vayan a aumentar automáticamente
Un punto importante para entender la propuesta es que revisar cada cinco años no equivale a incrementar automáticamente las indemnizaciones.
El mecanismo planteado permitiría que un grupo especializado estudie los límites existentes y formule recomendaciones. Esas recomendaciones podrían eventualmente conducir a modificaciones, pero la revisión en sí misma no establece que las cantidades deban subir obligatoriamente en cada ciclo.
Esto resulta relevante porque el sistema busca combinar dos objetivos que pueden entrar en tensión: por un lado, crear un marco financiero suficientemente predecible para que empresas privadas y extranjeras puedan invertir en energía nuclear; por otro, evitar que los límites de responsabilidad queden desactualizados frente a la evolución tecnológica y económica.
¿Cuánto tendría que pagar un operador nuclear?
La Ley SHANTI modificó sustancialmente el sistema de responsabilidad que existía bajo la anterior Civil Liability for Nuclear Damage Act de 2010 (CLNDA).
Mientras el régimen anterior establecía un límite general de 1.500 crore de rupias para determinados reactores, SHANTI introdujo una estructura escalonada que vincula el límite de responsabilidad con la capacidad de la instalación.
Los límites establecidos en el Segundo Anexo son:
| Capacidad de la instalación | Límite máximo de responsabilidad del operador |
|---|---|
| Más de 3.600 MW | ₹3.000 crore |
| Más de 1.500 y hasta 3.600 MW | ₹1.500 crore |
| Más de 750 y hasta 1.500 MW | ₹750 crore |
| Más de 150 y hasta 750 MW | ₹300 crore |
| Hasta 150 MW | ₹100 crore |
Para determinadas instalaciones del ciclo de combustible y para el transporte de material nuclear también se contempla un límite de ₹100 crore, con excepciones previstas por la legislación.
Por tanto, el sistema ya no utiliza un único límite para todas las instalaciones. En términos generales, cuanto mayor es la categoría de la instalación, mayor es la responsabilidad máxima que puede recaer sobre el operador.
La revisión quinquenal busca precisamente determinar si esos valores siguen siendo adecuados.
¿Por qué India quiere revisar los límites cada cinco años?
La necesidad de actualizar periódicamente estos límites tiene una explicación económica y tecnológica.
Un reactor nuclear puede operar durante varias décadas. En ese período pueden cambiar significativamente el costo de reconstrucción de infraestructura, los gastos de descontaminación, las primas de seguros, el valor de la moneda y las tecnologías utilizadas.
Además, la escala del programa nuclear indio está cambiando. El Gobierno ha planteado una expansión considerable de la generación nuclear como parte de su estrategia energética de largo plazo. La propia Ley SHANTI fue concebida para promover el desarrollo de la energía nuclear y otras aplicaciones de la radiación, al tiempo que establece un marco regulatorio para su utilización segura.
La revisión periódica también responde a una preocupación planteada durante el análisis parlamentario de la legislación.
Un comité parlamentario había advertido que unos límites sin un calendario de revisión obligatorio podrían perder valor con el tiempo debido a la inflación, al aumento de la capacidad de los reactores, al crecimiento de las poblaciones cercanas a las instalaciones y a la aparición de nuevas tecnologías. Por ello recomendó una revisión al menos cada cinco años mediante un comité independiente con especialistas técnicos, jurídicos, actuariales y representantes del interés público.
La propuesta del DAE incorpora ahora un mecanismo concreto de revisión periódica en las reglas.
¿Qué papel tendrá el grupo de expertos?
Según el proyecto, el grupo que revisará los límites deberá reunir conocimientos de diferentes campos.
Entre los perfiles contemplados aparecen especialistas en:
- Ciencia e ingeniería nuclear.
- Ciencia actuarial.
- Seguros.
- Derecho.
- Interés público.
Esta composición es importante porque la responsabilidad por un accidente nuclear no es exclusivamente un problema técnico.
Determinar cuánto dinero podría ser necesario para responder a un accidente implica analizar el riesgo tecnológico, la probabilidad y magnitud de diferentes escenarios, la capacidad del mercado asegurador, los costos potenciales de compensación y las implicaciones jurídicas para las víctimas.
El grupo podrá estudiar los límites máximos y recomendar modificaciones al Segundo Anexo de la ley.
La responsabilidad nuclear funciona bajo un principio de “no culpa”
Otro elemento fundamental del nuevo marco es que la responsabilidad del operador mantiene un carácter de responsabilidad objetiva o sin necesidad de demostrar culpa.
Esto significa que, ante un daño nuclear cubierto por la legislación, la víctima no tiene que demostrar necesariamente que el operador actuó con negligencia para que se active el régimen de responsabilidad previsto.
Las reglas propuestas establecen que la responsabilidad del operador por daños nucleares, incluido el daño ocurrido durante el transporte de material nuclear, será estricta y se basará en el principio de no-fault liability.
La lógica detrás de este sistema es facilitar una respuesta a las víctimas en una actividad considerada de alto riesgo, evitando que cada reclamación dependa de una compleja disputa sobre quién cometió una negligencia.
Pero que exista responsabilidad sin culpa no significa que el operador tenga una responsabilidad financiera ilimitada. Precisamente ahí aparece el problema de los topes establecidos por la SHANTI Act.
¿Qué ocurre si los daños superan el límite del operador?
La ley contempla una participación del Gobierno central cuando la responsabilidad supera el límite asignado al operador.
La SHANTI Act establece un techo global de responsabilidad por incidente equivalente a 300 millones de Derechos Especiales de Giro (SDR), salvo que el Gobierno central establezca una cantidad superior. Dentro de ese sistema, el operador asume primero la cantidad correspondiente a su categoría y el Gobierno puede responder por determinadas obligaciones adicionales conforme a la ley.
Esto significa que el debate sobre los límites no se reduce únicamente a cuánto dinero tendría que pagar una empresa privada.
También está en juego cuánto riesgo financiero termina siendo asumido por el Estado y, por extensión, por las finanzas públicas.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia a medida que India busca incrementar el número y tamaño de sus instalaciones nucleares.
El seguro será una pieza fundamental del nuevo sistema
Las reglas propuestas también buscan establecer un mecanismo financiero para garantizar que los operadores tengan recursos disponibles ante eventuales daños.
Para las instalaciones sujetas a licencia, los operadores deberán contar con mecanismos financieros destinados a cubrir las obligaciones relacionadas con la responsabilidad civil nuclear. Esto puede hacerse mediante seguros, garantías financieras o una combinación de ambos, de acuerdo con las disposiciones previstas.
El marco financiero propuesto tiene además un alcance más amplio que una simple póliza para accidentes.
Las reglas contemplan obligaciones financieras relacionadas con diferentes etapas de la vida de una instalación, entre ellas:
- Responsabilidad por daños nucleares.
- Costos operativos.
- Gestión del combustible gastado.
- Gestión de residuos radiactivos.
- Desmantelamiento de instalaciones.
- Restauración del emplazamiento.
Esto refleja que el Gobierno indio está intentando construir un sistema regulatorio que abarque prácticamente todo el ciclo de vida de una instalación nuclear.
¿Por qué la Ley SHANTI es tan importante para India?
La legislación no se limita a modificar la responsabilidad por accidentes.
La Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act, 2025 sustituyó el marco legislativo anterior basado principalmente en la Atomic Energy Act de 1962 y la Civil Liability for Nuclear Damage Act de 2010. La nueva legislación fue aprobada en diciembre de 2025.
Uno de sus principales objetivos es crear las condiciones para ampliar el uso de la energía nuclear y permitir una mayor participación de actores privados.
Históricamente, el sector nuclear indio había estado fuertemente controlado por el Estado. SHANTI busca crear un marco en el que empresas privadas puedan participar en determinadas actividades nucleares bajo un sistema de licencias y supervisión.
Las nuevas reglas son, por ello, una pieza fundamental para convertir las disposiciones generales de la ley en procedimientos concretos.
La participación privada está en el centro del cambio
Uno de los grandes objetivos de India es atraer capital, tecnología y capacidades industriales adicionales a su sector nuclear.
Los proyectos de reglas plantean un régimen de licencias que abarcaría distintas etapas del ciclo de vida de las instalaciones, mientras que el nuevo marco también contempla posibilidades de utilizar tecnología extranjera bajo determinadas condiciones.
La apertura del mercado busca ayudar a India a acelerar el desarrollo de infraestructura nuclear y reducir las barreras que durante años dificultaron la participación de empresas internacionales.
En ese contexto, la responsabilidad financiera adquiere un papel central.
Una empresa que evalúa construir o suministrar tecnología para una central nuclear necesita conocer con precisión cuál será su exposición financiera ante un accidente. Para los inversores y fabricantes, un sistema de responsabilidad impredecible puede representar un riesgo importante.
Pero para organizaciones de defensa de los consumidores y potenciales víctimas, unos límites demasiado bajos pueden generar una preocupación diferente: que la compensación disponible sea insuficiente frente al costo real de un accidente grave.
El derecho de los proveedores también cambió
Una de las modificaciones más controvertidas de SHANTI está relacionada con el llamado derecho de recurso del operador contra los proveedores.
La legislación de 2010 permitía al operador recuperar determinados costos de un proveedor cuando un accidente estuviera relacionado con equipos o materiales defectuosos, incluidos defectos patentes o latentes, o servicios deficientes.
El nuevo régimen mantiene algunos supuestos de recurso, pero elimina el supuesto específico relacionado con defectos o servicios deficientes que estaba contemplado en la legislación anterior. En consecuencia, el marco reduce una fuente de responsabilidad legal que había sido considerada por fabricantes extranjeros como un obstáculo para entrar en el mercado indio.
Para el Gobierno y quienes apoyan la reforma, este cambio puede facilitar la llegada de proveedores internacionales y reducir la incertidumbre que rodea las inversiones nucleares.
Para sus críticos, en cambio, plantea interrogantes sobre quién terminaría asumiendo las consecuencias económicas si un accidente estuviera relacionado con un defecto de diseño, fabricación o suministro.
La Corte Suprema también examina los límites de responsabilidad
La propuesta de revisión quinquenal llega mientras la propia estructura de responsabilidad de la Ley SHANTI está siendo cuestionada judicialmente.
Una petición presentada ante la Corte Suprema de India cuestiona, entre otros aspectos, que la legislación permita la participación privada y extranjera en el sector nuclear al mismo tiempo que establece límites a la responsabilidad de los operadores.
El tribunal ha planteado una cuestión particularmente relevante: si los límites establecidos por la legislación podrían impedir que los tribunales constitucionales determinen una compensación que consideren justa y adecuada después de un accidente nuclear.
La discusión no significa que la Corte Suprema haya declarado ilegal la Ley SHANTI. Se trata de un proceso judicial en curso y, por tanto, cualquier conclusión definitiva sobre la constitucionalidad de los límites dependerá de las decisiones posteriores del tribunal.
La controversia, sin embargo, muestra por qué el mecanismo de revisión de cinco años tiene tanta importancia.
Un equilibrio entre inversión, seguridad y derechos de las víctimas
El gran desafío para India será encontrar un punto de equilibrio.
Por una parte, el país necesita un marco que permita atraer inversiones y tecnología. Las empresas necesitan conocer sus riesgos financieros y contar con mercados de seguros capaces de cubrir sus obligaciones.
Por otra parte, la energía nuclear implica riesgos que pueden extenderse mucho más allá de los límites físicos de una central. Un accidente grave podría afectar personas, propiedades, actividades económicas y ecosistemas, generando costos cuya magnitud puede ser difícil de calcular con anticipación.
El propio Gobierno indio reconoce en la estructura de la SHANTI Act que los límites pueden necesitar modificaciones a medida que cambie el sector. La revisión quinquenal introduce, precisamente, un mecanismo institucional para evaluar esa cuestión periódicamente.
Las reglas todavía no son definitivas
Es importante subrayar que se trata de proyectos de reglas, no de una regulación definitiva.
El Departamento de Energía Atómica mantiene abiertos los documentos a consulta pública y ha invitado a presentar comentarios de expertos, industrias, instituciones y ciudadanos hasta el 4 de septiembre de 2026. Las observaciones serán evaluadas antes de que las reglas sean finalizadas.
Por ello, algunos detalles del régimen podrían cambiar durante el proceso.
La consulta también permite conocer hacia dónde apunta el Gobierno: una expansión significativa de la actividad nuclear acompañada de un sistema más detallado de licencias, responsabilidad, seguros, seguridad y supervisión.
¿Qué puede cambiar con la revisión cada cinco años?
Si el mecanismo termina incorporándose a las reglas definitivas, India contará con una instancia periódica para evaluar si los límites de responsabilidad siguen siendo adecuados.
Cada revisión podría considerar factores como:
Inflación: el valor real de una cantidad fijada en rupias puede disminuir con el paso del tiempo.
Tecnología: la introducción de nuevos diseños de reactores puede modificar los perfiles de riesgo y los costos asociados.
Seguros: la capacidad y el precio de las coberturas disponibles en el mercado pueden cambiar.
Escala de las instalaciones: el crecimiento del tamaño y capacidad de los reactores puede modificar la exposición financiera.
Experiencia acumulada: nuevos datos sobre accidentes, incidentes y seguridad nuclear pueden proporcionar información para revisar las políticas.
El objetivo, al menos en términos regulatorios, es evitar que los límites establecidos hoy permanezcan intactos durante décadas sin una evaluación sistemática.
India acelera su apuesta por la energía nuclear
La discusión sobre responsabilidad ocurre dentro de una estrategia mucho más amplia.
India considera la energía nuclear una herramienta para aumentar su generación eléctrica de bajas emisiones y reforzar su seguridad energética. El Gobierno ha planteado una expansión considerable de la capacidad nuclear hacia 2047 y ha impulsado iniciativas relacionadas con nuevos reactores, incluidos diseños de menor tamaño.
La Ley SHANTI pretende proporcionar el marco jurídico para esa expansión, no solo en generación eléctrica, sino también en aplicaciones nucleares y de radiación relacionadas con áreas como salud, agricultura, alimentos, industria, investigación y otras tecnologías.
En este escenario, los límites de responsabilidad se convierten en una cuestión estratégica: determinar quién asume el riesgo económico de una actividad que India pretende ampliar durante las próximas décadas.
Un debate que apenas comienza
La propuesta de revisar cada cinco años los límites de responsabilidad por accidentes nucleares representa uno de los componentes más relevantes de las nuevas reglas de implementación de la SHANTI Act.
El mecanismo intenta resolver una debilidad del sistema anterior: la posibilidad de que los límites de responsabilidad pierdan vigencia económica y regulatoria con el paso del tiempo. La creación de un grupo multidisciplinario permitiría incorporar conocimientos técnicos, financieros, jurídicos y de interés público en futuras revisiones.
Pero el debate va mucho más allá de establecer una periodicidad.
India tendrá que decidir cómo equilibrar la necesidad de atraer inversión privada y extranjera, la protección financiera de los operadores, la capacidad del Estado para responder ante grandes accidentes y los derechos de las personas que pudieran resultar afectadas.
Por ahora, la propuesta continúa en fase de consulta pública. La fecha clave es el 4 de septiembre de 2026, cuando finalizará el plazo para presentar observaciones. Después de ese proceso, el Gobierno deberá determinar cómo quedarán finalmente las reglas que darán forma práctica a una de las reformas más importantes del sector nuclear indio en décadas.
