La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la implementación de la ley seca en todo el territorio capitalino como medida fundamental para asegurar la tranquilidad durante las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Según el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, la restricción al consumo y venta de bebidas embriagantes iniciará a las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y finalizará a las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo. Por esta razón, los establecimientos comerciales deben abstenerse de comercializar alcohol, mientras que los ciudadanos tienen prohibido su consumo en espacios públicos durante este lapso. Asimismo, el alcalde Carlos Fernando Galán liderará personalmente el seguimiento de la medida para que la jornada democrática transcurra sin incidentes relacionados con la intolerancia o el desorden público.
Respecto al control operativo, la Secretaría de Gobierno y la Policía de Bogotá desplegarán un contingente especial para vigilar los 1.083 puestos y las 18.160 mesas de votación habilitadas en la ciudad. De igual manera, las alcaldías locales realizarán operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para sancionar a los comercios que incumplan la normativa vigente durante el fin de semana. Por tal motivo, las autoridades activarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada una de las 20 localidades, permitiendo una respuesta inmediata ante cualquier alteración de la convivencia. Además, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, enfatizó que acoger los tiempos nacionales garantiza una coordinación armónica con el resto del país para proteger el derecho al voto.

Ley seca en Bogotá: horarios y restricciones para garantizar el orden durante la jornada electoral del 8 de marzo
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Por otra parte, diversas fuentes de la Secretaría de Seguridad y reportes verificados en la cuenta oficial de X de @SectorSeguridad resaltan que el incumplimiento de la ley seca conlleva multas económicas superiores a un salario mínimo mensual. Diversos portales de noticias de alta reputación informan que la Policía Nacional mantendrá patrullajes constantes en zonas de alta afluencia de bares y restaurantes para evitar la venta clandestina de licor. Adicionalmente, el Distrito activó la Línea de Emergencias 123 para recibir denuncias sobre fiestas ilegales o consumo de alcohol en las inmediaciones de los recintos electorales. Igualmente, las juntas administradoras locales colaboran activamente en la sensibilización de los tenderos y propietarios de negocios para que respeten el cierre preventivo de la oferta de bebidas alcohólicas.
En cuanto a la movilidad y la logística, la restricción de alcohol complementa otras medidas como el cierre de vías perimetrales y la suspensión de la Ciclovía para facilitar el flujo de votantes. Por consiguiente, la administración distrital busca que la ciudadanía acuda a las urnas con plena lucidez y en un entorno de respeto mutuo que favorezca la participación masiva. Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) vigila que estas restricciones no afecten el libre acceso de los ciudadanos a la información ni interfieran con el trabajo de los testigos electorales. De este modo, Bogotá blinda su infraestructura técnica y social, asegurando que los factores externos no empañen los resultados del Congreso de la República que el país conocerá tras el cierre de las urnas.
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Mientras la capital entra en la fase final de preparativos para este domingo 8 de marzo, el llamado a la prudencia y al civismo se mantiene como la prioridad de las entidades locales. La transparencia en la aplicación de las sanciones resulta vital para que los bogotanos comprendan que la seguridad colectiva prima sobre los intereses comerciales durante el certamen democrático. De igual modo, los expertos sugieren que estas medidas preventivas reducen significativamente las riñas y los accidentes de tránsito en los días previos al escrutinio oficial. Así, la jornada de ley seca comienza con un despliegue institucional sin precedentes, reafirmando que «Bogotá, mi Ciudad, mi Casa» ofrece todas las garantías para que cada habitante ejerza su derecho de manera pacífica y segura.




