En las últimas horas fue sancionada la ley del ruido, la cual había sido aprobada por el Congreso y busca mitigar los efectos perjudiciales de la contaminación acústica, ya fue sancionada.
Tanto el ministro de Salud, como el de Educación, y las ministras de Ambiente y Vivienda, firmaron el documento. También lo hicieron las ministras de Transporte y de las Culturas, y el ministro de Defensa.
Esas carteras, de hecho, serán las encargadas, junto con el Ideam y el Departamento Nacional de Planeación, de sacar adelante la Política de Calidad Acústica en Colombia, dentro los doce meses siguientes a la publicación de la ley. En sus manos estará la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de esa política. Así mismo, contará con la participación de los ministerios de Comercio, del Interior y de Ciencia y Tecnología.
“Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social tendrán dieciocho meses contados a partir de la promulgación de la presente Ley para actualizar la reglamentación en lo referente a la contaminación acústica y, particularmente, los lineamientos técnicos orientados al cumplimiento de los parámetros de confort acústico y de aislamiento acústico”, se lee en el documento.
Al Minambiente, por ejemplo, le corresponderá definir los indicadores que representen la calidad acústica en el país, establecer procedimientos para medir el ruido, crear mapas de ruido y diseñar programas para reducir la contaminación acústica. Además, fijará niveles de prevención, alerta y emergencia, y desarrollará medidas generales para mitigar el impacto del ruido.
TITULO (RECUADRO)
El propósito
La Ley del ruido busca establecer la política pública para que autoridades regionales y nacionales, más allá de la Policía, tengan herramientas para controlar el ruido emitido desde sitios privados. La iniciativa también incluye un capítulo de estrategias pedagógicas y culturales dirigidas a la ciudadanía.
Entre otras cosas, señala la Ley, los municipios de 100.000 o más habitantes tendrán que dotarse de un plan de gestión contra el ruido. Esto quiere decir que cada entidad territorial hará un diagnóstico para abordar el problema en función de lo que consideren como ruido.
La Ley, además, determina las sanciones que se aplicarán para quienes sobrepasen los niveles de ruido permitidos. Incluso, establece las multas que habrá para quienes incumplan lo contemplado en el documento. Hay montos desde dos salarios mínimos vigentes hasta 800 salarios mínimos, en el caso de encuentros que superen las 5 mil personas.
De igual forma, especifica cuáles son las entidades encargas de aplicar la nueva normativa. “Esto le da más facultades a la policía para poder multar a esos ciudadanos”, había explicado Carvalho cuando la Ley había sido aprobada en el Congreso.
“No hay ningún problema si una vecindad quiere hacer una fiesta. El problema es que un solo vecino saque un parlante y dañe la calma de todo un barrio. Es muy diferente una fiesta colectiva, concertada, de una comunidad, a dos personas en una esquina, con un parlante, sin dejar dormir a la gente”, manifestó el congresista,