Luego del anuncio del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera sobre la reapertura del Puente Internacional de Rumichaca, diferentes actores clave de la región fijaron su postura frente a la situación y los retos que persisten.
Situación
Al respecto, el jefe de la Oficina de Fronteras, Javier Cabezas Castillo, afirmó que el levantamiento del paro representa un avance importante para la normalización de la movilidad en la zona. Sin embargo, recalcó que se debe mantener el diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, con el fin de encontrar soluciones definitivas a las tensiones comerciales que afectan directamente a las comunidades fronterizas.
“Se levantan las barreras que impedían el tráfico entre Ecuador y Colombia, ante la decisión del comité gremial de terminar el paro. Seguiremos en la gestión de la zona especial de intervención fronteriza, de iniciativa de la asesoría de frontera, ante Cancillería y ministerio de hacienda, para beneficio de los habitantes de la frontera, ante los perjuicios tan graves causados por la imposición de Ecuador de aranceles al comercio internacional entre los dos países” comunicó Javier Cabezas Castillo.
Falta solución
Desde la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Ipiales, su vocero Edison Obando destacó que, aunque se levanta la protesta, las problemáticas de fondo siguen sin resolverse. Señaló que el gremio transportador ha sido uno de los más golpeados por las restricciones en la frontera y pidió al Gobierno Nacional acciones urgentes que garanticen condiciones justas para el transporte de carga y el comercio binacional.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flores, valoró positivamente la reapertura del paso fronterizo, subrayando que el cierre generó pérdidas significativas en sectores como el comercio, el turismo y los servicios. No obstante, insistió en la necesidad de establecer soluciones estructurales que brinden estabilidad a la economía local y eviten que este tipo de situaciones se repitan.
Las tres posturas coinciden en un punto clave: la urgencia de respuestas concretas y coordinadas que protejan el empleo, el comercio y la estabilidad económica en la frontera.
