Con el objetivo de destrabar la inversión en infraestructura social y resolver la situación jurídica de bienes de uso colectivo, la Secretaría de Agricultura Departamental lideró una sesión extraordinaria del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), en articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este espacio contó con la participación de alcaldes y sus equipos técnicos, quienes abordaron soluciones concretas para avanzar en el desarrollo de las zonas rurales.
Jornada
Durante la jornada se socializó el procedimiento para la adjudicación de predios baldíos a entidades territoriales, un paso clave para garantizar la titularidad de terrenos donde actualmente funcionan servicios comunitarios. Entre estos se encuentran instituciones educativas, sistemas de acueducto, cementerios, puestos de salud, escenarios deportivos y salones comunales, espacios fundamentales para el bienestar de las comunidades rurales.
La Agencia Nacional de Tierras presentó la ruta para formalizar estos predios, destacando que este proceso brinda seguridad jurídica a los municipios y habilita la ejecución de proyectos de infraestructura social. La claridad en la propiedad permite gestionar recursos públicos y viabilizar iniciativas que anteriormente no podían desarrollarse debido a la falta de respaldo legal.
Además, se destacó el acompañamiento técnico y jurídico que la ANT ofrecerá a las alcaldías en cada fase del proceso, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente. Este apoyo institucional busca facilitar la regularización de los terrenos y fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
Formalización
Desde la Secretaría de Agricultura, se resaltó que esta iniciativa responde a una necesidad reiterada de los municipios, ya que la falta de legalización ha limitado históricamente la inversión en infraestructura productiva y agroindustrial. La formalización de predios no solo impulsa proyectos locales, sino que también contribuye al cumplimiento de metas relacionadas con la Reforma Rural Integral.
Por su parte, representantes de la comunidad valoraron positivamente este avance, señalando que ahora será posible destinar recursos públicos a espacios que anteriormente no contaban con definición jurídica. Este proceso representa una oportunidad significativa para dinamizar la economía rural, fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida de la población.
La Administración Departamental reafirma así su compromiso con la articulación institucional y la implementación de instrumentos legales que permitan a los municipios avanzar en el desarrollo sostenible del territorio rural.
